El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, formalizó este martes una denuncia penal contra cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y usurpación de funciones. En respuesta, los magistrados aludidos alertaron sobre un intento de “descabezamiento” de la institución que buscaría generar un vacío de poder y poner en riesgo la segunda vuelta electoral del 19 de octubre.
La acción legal fue presentada contra los prorrogados Gonzalo Miguel Hurtado, René Yván Espada, Karen Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo ante la Fiscalía Departamental de Chuquisaca.
Saucedo, en su denuncia, alega que el mandato de estos magistrados, que empezó en 2018, debió concluir el 31 de diciembre de 2023. Y recuerda que, mediante el Auto Constitucional 49/2023 del 11 de diciembre, los mismos determinaron de manera “unilateral, discrecional y arbitrariamente” la prórroga de su mandato.
El titular del TSJ, en ese sentido, reclama que esta situación se mantiene pese a las elecciones judiciales del 15 de diciembre de 2024, en las que se renovó parcialmente a las altas autoridades del Órgano Judicial y el TCP. Por ello, acusa a los magistrados de usurpar funciones que ya no les competen y de actuar en contra de lo que establece la Constitución.
En el petitorio de su denuncia, además, Saucedo solicita que se active una alerta migratoria contra los cinco magistrados denunciados, como medida precautoria.
La respuesta del TCP
En una conferencia de prensa, el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, acompañado de sus colegas magistrados, leyó un comunicado en el que los prorrogados denuncian que el Constitucional es blanco de “fuertes y constantes presiones políticas” y que estas presiones buscan “tomar la Justicia para instrumentalizarla a favor de intereses particulares”.
Además, denuncian que existen “acciones concretas, tanto de ciertos legisladores como del Órgano Judicial que, procurando el descabezamiento de este Tribunal Constitucional, buscan generar incertidumbre sobre la transparencia y la continuidad actual del proceso electoral y, con ello, amenazar la democracia y la segunda vuelta electoral”.
En su comunicado aclaran también que no entrarán en disputas públicas con Saucedo, a quien acusan de quebrantar la independencia de poderes y de pretender iniciar una “persecución judicial” para generar un “vacío de poder que impida se ejerza el control de constitucionalidad”.
Finalmente, cuestionan las intenciones detrás de esta acción judicial a pocas semanas de la segunda vuelta. “Pregúntese el pueblo boliviano por qué a dos semanas de la segunda vuelta electoral se pretende descabezar el TCP. ¿Qué actores políticos estarán detrás de este objetivo? ¿A qué actores políticos beneficiaría la suspensión de la segunda vuelta a llevarse a cabo el próximo 19 de octubre?”, interrogaron los magistrados.
FISCALÍA
El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, confirmó el registro de la denuncia penal interpuesta por Saucedo e informó que la misma fue remitida a la Unidad de Análisis de la Fiscalía, que definirá en las próximas horas si la admite o la rechaza.
¿Qué caminos hay para elegir a los magistrados faltantes?
La Constitución Política del Estado (CPE) establece que la única vía legal para elegir a las máximas autoridades judiciales del país es a través de una elección por voto. Sin embargo, el pasado miércoles, la Cámara de Senadores sancionó el proyecto titulado “Ley de adecuación constitucional del funcionamiento transitorio y excepcional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)”, el que dispone el cese de los magistrados prorrogados.
Sobre el particular, el presidente del Tribunal Agroambiental, Cristhian Méndez, dijo este martes que la Cámara de Diputados debe ratificar la aprobación del Senado y que, a menos de un mes de concluir sus funciones, la actual legislatura tiene que aprobar el cese de los magistrados en cuestión.
De su lado, el diputado Pablo Arízaga (CC) tiene otro planteamiento sobre el mismo tema. Él considera que la salida no pasa por una nueva convocatoria para elegir a las autoridades judiciales, sino por emitir una ley que autorice al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a dar continuidad al proceso ya iniciado. “No hay que empezar de cero. Ya se tiene el material impreso y almacenado en los tribunales departamentales, solo falta la voluntad política”, afirmó.
En las elecciones judiciales de diciembre del año pasado, el proceso se llevó a cabo de forma completa en cuatro de los nueve departamentos del país: La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca. En cambio, en Beni, Pando, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz no se eligieron magistrados para el TCP. Además, en Beni y Pando tampoco autoridades para el TSJ.
Correo Del Sur
