El Tribunal Supremo Electoral (TSE) prevé conflictos por los comicios generales de 2025 y solicita que sus vocales sean contemplados por la Ley 044, de juicio de responsabilidades, para garantizar su imparcialidad e institucionalidad.
“La madre de las batallas será el 2025 para las organizaciones políticas y nosotros como árbitros necesitamos ciertas garantías”, indicó el vocal Tahuichi Quispe, durante la inauguración del encuentro que sostienen los vocales nacionales y departamentales en Cochabamba.
Anticipó un proyecto de ley para que las autoridades del TSE sean incluidas dentro de la norma referida al juzgamiento de la presidenta o presidente y de la vicepresidenta o vicepresidente, de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público.
“Estamos trabajando un proyecto de ley que incorpore a los siete vocales a la Ley 044, eso es dar garantías institucionales a los siete vocales, para que ejerzan su labor de manera más imparcial, sin estar sometidos a ningún tipo de presión política”, explicó en conferencia de prensa.
Al respecto, la titular interina de esa instancia, Nancy Gutiérrez, dijo que la cita con las autoridades electorales de todo el país sirve para comenzar a delinear la preparación de los comicios judiciales de la próxima gestión y la votación general, que tendrá nueva distribución de escaños y reasignación de circunscripciones.
“Están en puertas actividades importantes como las elecciones judiciales y generales, que parecen lejanas, pero que requieren un tiempo de preparación, más ahora que tendremos entre manos el resultado del censo, aquello nos hará ver cuál el trabajo efectivo que tenga el Órgano Electoral, para garantizar elecciones limpias y democráticas”, manifestó.
Finalmente, el vocal Francisco Vargas, garantizó que se realizará un trabajo ágil para elaborar lo antes posible la ley de distribución de escaños, una vez que se reciban, en septiembre de 2024, los resultados de la encuesta nacional.
“La ley estará sujeta a la entrega de los resultados, una vez oficializados los resultados, será la instancia técnica la que haga conocer al pleno los informes, que luego serán plasmados en un proyecto de ley, que será remitido al Legislativo en el menor tiempo posible”, complementó.
El Deber
