Mientras el Gobierno y el Movimiento Al Socialismo (MAS) insisten que en Bolivia hubo “golpe de Estado” y repiten la parte del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que admite masacres en Sacaba y Senkata, suman las voces que buscan la consolidación de una reforma judicial en el país, tal como recomienda el organismo internacional.
Opositores, líderes políticos, el propio Órgano Judicial, plataformas ciudadanas y otros sectores coinciden en la urgencia de recomponer la administración de justicia en Bolivia, identificada por el GIEI como de las causantes de la crisis de 2019.
“El GIEI observa que, en diversos casos examinados, las instituciones del sistema de justicia actuaron sin independencia e iniciaron procesos judiciales con evidentes fines de persecución política, es de notar que el uso abusivo de la detención preventiva hace que la Fiscalía se concentre en justificar su primera hipótesis de investigación, o sea, la que fue adoptada como fundamento para la prisión”, dice el informe.
Cita además otras falencias como la instrumentalización del sistema de justicia con fines políticos, el abuso de la detención preventiva y obstáculos al derecho a la verdad y la justicia.
Carlos Mesa
El expresidente Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana (CC), pidió al presidente Luis Arce no hacer una lectura “sesgada” del informe del GIEI y demandó al Ejecutivo tener una “voluntad política” para cambiar a los operadores de justicia.
“Yo exhorto al presidente Arce a que no haga una lectura sesgada y que, igual que él pide al poder Legislativo que lleve adelante la iniciativa en el juicio de responsabilidades, yo le pido al poder Ejecutivo la voluntad política de cambiar a los operadores judiciales y del Ministerio Público”, dijo.
Tribunal de Justicia
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, comprometió el trabajo para reformar la justicia en base a las recomendaciones del GIEI.
“Muchas de las recomendaciones de este informe la percibía el Órgano Judicial y estamos listos para trabajar en una profunda reforma judicial, obviamente acompañado y de forma coordinada como manda la Constitución con el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa”, afirmó.
Por su lado, el ministro de Justicia, Iván Lima, informó que luego de que el GIEI presente su informe al TSJ y al Ministerio Público, convocará a las dos instituciones para acordar los pasos a seguir para lograr una verdadera reforma judicial.
“Es un informe integral, valdría la pena no contaminarlo con temas políticos. (…). Este informe puede servir al país para pacificar y encausar los procesos que tienen que llevarse adelante”, dijo Torres.
El abogado, analista y exalcalde de La Paz, Juan del Granado, afirmó que la dependencia y el sometimiento hizo “metástasis en el organismo judicial” y pidió el cambio de autoridades en los procesos judiciales.
Acotó que “no podemos esperar nada del Estado y del Gobierno” para llevar adelante la reforma judicial, porque la idea e iniciativa que tuvo el ministro de Justicia, Iván Lima, ha sido “abandonada”.
MAS: Áñez gobernó “de facto”
El expresidente Evo Morales, ministros, viceministros y asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) insistieron en que en octubre y noviembre de 2019 hubo un “golpe” de Estado en Bolivia citando al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), pese a que los integrantes de este organismo aclararon que su objetivo no fue determinar ese hecho.
Morales sostuvo ayer que el informe presentado por la GIEI “demuestra que sí hubo golpe”.
“Cuando (el informe) afirma textualmente que no hubo quórum en el Senado y la Asamblea, diplomáticamente dice que hubo un golpe de Estado (…). A todos nos consta, ¿dónde vimos la posesión de Jeanine Áñez como presidenta?, ¿quién le pone la banda presidencial? Un militar, militares con traje de guerra. Es la mejor prueba del golpe de Estado”, señaló.
El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, dijo que el informe del GIEI ratifica que Jeanine Áñez, en noviembre de 2019, tomó el poder de facto.
“Ésta es la forma de tomar el poder de facto, usurpando funciones. Es por eso que ese gobierno, no cabe duda ahora, que no es un gobierno de sucesión constitucional ni apegado a la legalidad”, subrayó.
El día de la presentación del informe, el presidente Luis Arce ya dijo que Áñez dio un “golpe de Estado” en noviembre de 2019.
Los Tiempos
