De acuerdo con información del Tribunal Supremo Electoral, entre 2016 y 2022, 370 mujeres entre asambleístas y concejalas renunciaron a sus cargos debido a varias causales, entre las que se encuentran el acoso y violencia política que sufrieron, informó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
De esta cantidad, 239 de ellas desistieron por problemas personales o familiares, 42 por acoso o violencia política, 30 por salud y 59 por otras razones, según sus cartas de renuncia enviadas.
Sin embargo, como parte de estas denuncias, Callisaya enfatizó que se ha determinado que, principalmente en municipios del área rural, lo que se está dando es la renuncia por compromisos forzosos de gestiones compartidas; es decir, las autoridades mujeres, principalmente concejalas deben asumir su cargo, pero luego de un tiempo renunciar para que su suplente, que es hombre, asuma ese puesto.
Estos datos forman parte del Informe Defensorial “Obligadas a renunciar”, cuya investigación se realizó entre agosto y octubre de 2022 mediante encuestas realizadas a 326 mujeres autoridades, 268 concejalas y 58 asambleísta.
“Estos compromisos vulneran los derechos políticos de las mujeres, concejalas y asambleísta departamentales particularmente. Y esto impide que pueda culminar con el periodo de sus funciones, debilita efectivamente el escenario de ejercer poder público y la construcción de una democracia paritaria y en igualdad de condiciones”, señaló el defensor del Pueblo.
Datos del Ministerio Público también dan cuenta que entre 2012 hasta el 16 de octubre de 2022, se han registrado 515 casos de acoso y violencia política. Del total, solo dos casos tienen sentencia condenatoria, el resto siguen en curso o las víctimas han desistido.
La Defensoría del Pueblo también reportó desde 2014 hasta abril de 2013, 173 casos relacionados con acoso y violencia política.
Estos reportes estadísticos son variados y por instancias, porque en la investigación de la defensoría se estableció también que varias desconocían el procedimiento de denuncias y las instancias encargadas de estos casos.
“Llama la atención en algunos casos la falta de conocimiento de las instancias competentes para tramitar esta denuncia, en un caso, una de ellas canalizó su denuncia hasta con el obispo del lugar”.
Otros tipos de violencia contra las mujeres políticas, según la investigación, fueron que no se les pagaba sus haberes mensuales y la normalización del uso de poderes notariales, cuando ellos, sabiendo que se está cometiendo una ilegalidad contra ellas, igualmente concretan y aceptan que dejen su cargo, ya que el trámite muchas veces se lo hace mediante notario. En otros casos, esta renuncia es verbal.
ANF
