El municipio de Pojo, en el Cono Sur de Cochabamba, fue sacudido por una grave denuncia: un párroco, que además daba clases en una unidad educativa, está siendo investigado por presunta violencia sexual contra un adolescente. El religioso cumple detención preventiva en la cárcel de Arani, mientras se habla de la posible existencia de otras víctimas. Los padres del menor de edad viven con angustia: su hijo desapareció hace una semana y, hasta el cierre de edición, no había noticias de él; temen que su ausencia haya sido motivada por temor a represalias.
Esta denuncia de presunta violencia sexual por parte de un sacerdote surge en un contexto marcado por un reciente fallo judicial: el 2 de septiembre, dos curas de la orden jesuita fueron sentenciados a un año de cárcel por encubrimiento de abusos sexuales contra niños y adolescentes, en el marco del caso de Alfonso “Pica” Pedrajas Moreno (+).Ahora, un nuevo caso vuelve a sacudir a la iglesia. Los padres del adolescente, entrevistados por el medio local Producciones Pojeñito, denunciaron los hechos y solicitaron a las autoridades celeridad en la búsqueda de su hijo, quien desapareció hace una semana tras salir de su vivienda y asistir al colegio. También piden justicia y una sentencia contra el sacerdote Lorenzo Antonio F.V., párroco de Pojo y profesor de Valores y Espiritualidad y Biología en una unidad educativa del lugar.
En esa entrevista, los padres relataron que desde hace un tiempo notaron cambios en su hijo: lo veían triste y cabizbajo, lo que los llevó a preguntarle qué ocurría. Poco a poco, el adolescente dejó de querer ir al colegio y pidió su traslado a otra unidad educativa, lo que aumentó la preocupación de la familia. Finalmente, la madre habló con él, y el adolescente le confesó que había sido víctima de violación por parte del sacerdote, pero no quería que nadie más lo supiera por miedo a ser señalado o juzgado. También mencionó que no era el único que había pasado por esa situación: el sacerdote lo había convocado a su domicilio bajo el pretexto de hablar sobre sus calificaciones y en ese contexto habría ocurrido la agresión.
Al respecto, el director de la Dirección Departamental de Educación (DDE) de Cochabamba, Édgar Veizaga, informó que, además de apersonarse en el proceso judicial, instruyó a la Dirección Distrital de Educación de Pojo iniciar un proceso disciplinario contra el profesor (sacerdote) denunciado. Este trámite tiene un plazo máximo de 40 días y, de comprobarse el hecho, la sanción contempla la expulsión definitiva del Magisterio, conforme al Reglamento de Faltas y Sanciones. Añadió que el caso sigue bajo investigación y que esta determinará si existen más víctimas.
Por otra parte, este medio buscó la versión oficial de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) de Pojo sobre este caso. Se llamó al teléfono celular de esa dependencia y una funcionaria respondió que se encontraba en trabajo de campo y con problemas de señal, lo que dificultaba la comunicación. Se le dejó un mensaje, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
El sacerdote permanece con detención preventiva por seis meses en el penal de Arani, en el Valle Alto de Cochabamba, mientras avanza la investigación por presunta violación a infante, niño, niña o adolescente. Meses antes, en agosto, su rostro mostraba otra realidad: en una entrevista con un medio local, invitaba a una festividad religiosa y hablaba de la fe en Dios, de la unión familiar y de la importancia de compartir con vecinos y amigos.
Opinión
