Standard & Poor’s hunde la nota de Bolivia y advierte alto riesgo de impago de deudas
Bolivia acaba de recibir un golpe más a su ya debilitada reputación financiera. La agencia internacional Standard & Poor’s (S&P) degradó la calificación de riesgo del país a CCC-, una de las más bajas del mundo. La razón es simple, pero alarmante: el país podría no tener cómo pagar su deuda externa a partir de 2026 si no consigue dólares frescos, y el clima político interno no ayuda.
A diferencia de otras oportunidades, el Gobierno aceptó el reporte y coincidió que el clima tenso, debido a la cercanía de las elecciones presidencial, explica la baja calificación del país, que actualmente vive una severa crisis económica debido a la escasez de combustibles, dólares y una alta inflación.
S&P no se anduvo con rodeos. La nota —acompañada de una perspectiva negativa— sostiene que Bolivia enfrenta “riesgos crecientes” para honrar sus compromisos con acreedores. En otras palabras, estamos en zona de alerta roja. Y si el Gobierno no toma decisiones urgentes, lo que hoy es advertencia puede convertirse en impago.
Sin dólares y con conflictos
El problema de fondo es la falta de liquidez. Las reservas internacionales del país están en su nivel más bajo en dos décadas y el acceso a financiamiento externo está prácticamente cerrado. Bolivia ya no puede salir a los mercados a pedir prestado como antes, y encima debe afrontar altos pagos de deuda.
La tormenta se agrava por dentro. Las tensiones políticas, los bloqueos y las pugnas dentro del oficialismo están paralizando decisiones clave. Según la calificadora, este escenario impide que el Gobierno pueda implementar reformas estructurales para estabilizar la economía. La inclusión del país en la lista gris del GAFI por debilidades en el control del lavado de dinero también espanta a los potenciales inversionistas.
La agencia recomienda reformas urgentes: controlar el gasto, estabilizar la moneda y buscar acuerdos para reconstruir reservas. Pero nada de eso será posible si antes no se resuelve el bloqueo político que hoy paraliza el país.
Postura estatal
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) coincidió con la calificadora en que la polarización política y el bloqueo en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) son factores clave que agravan el deterioro económico del país.
El El titular de esta cartera, Marcelo Montenegro, afirmó que simplemente se está confirmando lo que el Gobierno viene señalando desde hace más de dos años.
“Uno de los elementos que hay que señalar del informe es la ingobernabilidad política”, aseguró.
Para el ministro, quienes piensan que la política y la economía son esferas separadas, “no entienden cómo funciona la sociedad”. Y en ese sentido, el informe de S&P también reconoce que las intensas divisiones políticas antes de las elecciones nacionales de agosto han limitado al Ejecutivo en su capacidad para acceder a financiamiento y encarar los desequilibrios.
En su reporte la calificadora destacó que las tensiones dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el boicot legislativo y los bloqueos de los legisladores son elementos que complican aún más la situación.
Por ejemplo, el retraso en la aprobación de créditos y préstamos ha tenido un efecto directo en la salida neta de capitales, que sumó $us 1.337 millones hasta abril de 2025.
Aun así, el Gobierno asegura que ha cumplido con el 38% de los pagos de deuda externa programados para esta gestión —unos $us 585 millones— y que sigue trabajando para asegurar los compromisos.
El Ejecutivo destacó que se han tomado medidas para mejorar la estructura de deuda, como operaciones de manejo de pasivos en 2022, y que el país mantiene una gestión activa con organismos multilaterales y bilaterales.
“Estamos pagando de manera puntual y oportuna el servicio de la deuda externa”, dijo Montenegro.
Cuando fue consultados sobre las necesidades de financiamiento de estado, explicó que el Estado “para esta gestión se necesitan alrededor de $us 2.600 millones”, señaló Montenegro.
“Esto lo venimos diciendo desde hace más de dos años: la política está golpeando directamente a la economía. La idea de que política y economía van por caminos separados es ingenua”, declaró.
Sostuvo que el presidente, Luis Arce Catacora ha instruido a su equipo económico hacer todos los esfuerzos para honrar los compromisos financieros del país, aunque reconoció que la falta de consenso legislativo pone en riesgo la llegada de nuevos recursos. “Si no se destraban estos elementos, puede haber una probabilidad (de impago en el futuro), pero no es nuestro escenario actual”, aclaró la autoridad.
“Nos bajaron el pulgar”
Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija afirmó que el país ha recibido un “pulgar abajo” de los mercados internacionales y que, sin correcciones profundas, el riesgo de impago es real.
Esta calificación ubica al país entre los más vulnerables de la región, con capacidad restringida para afrontar sus compromisos financieros y un acceso al crédito cada vez más condicionado por la incertidumbre política y económica.
“Nos bajaron el pulgar. Esta situación no es nada positiva”, dijo.
Romero, recordó que esta rebaja se suma a las anteriores decisiones de Fitch y Moody’s, que también alertaron sobre desequilibrios fiscales, presión cambiaria e inflación. A su juicio, se trata de una crisis sistémica que requerirá esfuerzos titánicos del próximo gobierno para evitar el default.
Romero destacó que Bolivia enfrenta vencimientos importantes en 2026, como el pago de $us 400 millones en bonos soberanos, y que el país está perdiendo la confianza necesaria para colocar deuda en los mercados.
“Nadie va a querer comprar nuestros bonos. No ofrecemos garantías ni seguridad económica ni política”, advirtió.
Actualmente, Bolivia tiene el segundo riesgo país más alto del continente americano, lo que encarece el acceso a financiamiento, eleva las primas de riesgo y reduce la llegada de inversiones.
Según Romero, el país está en una situación donde incluso los créditos multilaterales llegan con mayor cautela y condiciones más duras para el país.
Consultado sobre las salidas posibles, el economista fue claro: “A corto plazo, el único camino es la aprobación de créditos externos”.
Mencionó que el Gobierno ya ha solicitado más de $us 1.800 millones para importación de combustibles y $us 800 millones para servicios de deuda, pero el bloqueo en la Asamblea legislativa impide que esos recursos lleguen a tiempo.
El Deber