Una veintena de denuncias contra los exmagistrados autoprorrogados llegó hasta la comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados. Con esta denuncias en mesa, la comisión inició diversas investigaciones y citaciones. Ya han pasado por la misma dos exmagistrados autoprorrogados para prestar declaración ante los denunciados. Además, esta comisión legislativa definirá si los exmagistrados van a un juicio ordinario o son sometidos a juicio de responsabilidades.
“Las denuncias son durante (por las acciones realizadas durante) su prórroga (de mandato) por todos los delitos que hayan cometido afectando a personas. La comisión tiene toda la facultad de poder revisar si va a pasar a la justicia ordinaria o va a continuar en una sesión de plenaria, ahí se definirá, pero nosotros armamos el informe”, dijo el presidente del comité de Ministerio Público, Walter Pinto (PDC).
En diciembre de 2023, los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de entonces prorrogaron el mandato de todas las máximas autoridades judiciales del país y administraron justicia sin mandato en 2024. Las personas damnificadas por esos fallos presentaron las denuncias ante la Cámara de Diputados.
Este miércoles, según el diputado Pinto, acudieron a declarar Isidora Jiménez e Yvan Espada, aunque hay otras denuncias contra el resto de sus excolegas que actuaron más allá de su mandato. El diputado dijo que están en etapa preparatoria y por eso se está convocando a declarar a los exautoprorrogados.
Según el procedimiento que manda la Ley 044 de Juzgamiento a Altas Autoridades del Estado, es el comité de Ministerio Público que oficia de fiscal, realiza las investigaciones y elabora un informe en conclusiones que presenta ante la comisión. En ese punto, los diputados pueden decidir si el caso pasa a la justicia ordinaria o va a un juicio de responsabilidades. Una vez aprobado, pasa el plenario donde se vota a favor o en contra de ese informe. Si se vota a favor, se inicia el juicio en el Senado; por el contrario, si es en contra, se archivan los obrados.
Los denunciantes exigen que sus casos pasen a jurisdicción ordinaria puesto que los autoprorrogados no tenían facultad para emitir sentencias o conocer los casos, porque su mandato venció el 3 de enero de 2024 pero ellos prorrogaron su mandato sin límite.
El Deber