El Ministerio de Gobierno aseguró que actuó de forma inmediata ante indicios de irregularidades en la presunta liberación de 41 vuelos de avionetas, a cambio de altas sumas de dineros, en medio de cuestionamientos públicos surgidos en base a un informe policial que involucra a un capitán vinculado a esa cartera de Estado.
A través de un comunicado oficial emitido desde La Paz, la institución sostuvo que, al tomar conocimiento de posibles hechos delictivos, presentó la denuncia correspondiente ante instancias policiales y el Ministerio Público, lo que derivó en el inicio de un proceso contra un capitán presuntamente implicado.
Según el pronunciamiento, la decisión de no hacer pública esta actuación en su momento respondió a que el caso se encontraba bajo la dirección funcional del Ministerio Público, entidad responsable de conducir la investigación penal y establecer la veracidad de los hechos conforme a ley.
“El Ministerio de Gobierno mantiene una política firme de tolerancia cero a la corrupción, no protegiendo ni encubriendo a ningún funcionario que incurra en conductas ilícitas”, señala el documento, que además reafirma el compromiso institucional con la transparencia y el Estado de Derecho.
El comunicado surge en un contexto marcado por la difusión de un informe interno de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), fechado en febrero de 2026, en el que un teniente reporta una llamada atribuida a un capitán —identificado como parte del entorno del Ministerio— en la que se habría ofrecido el pago de 10.000 dólares por aeronave para facilitar la salida de al menos 41 vuelos desde el departamento de Beni.
El documento, de carácter reservado, también menciona que en dicha comunicación se habría hecho referencia a un supuesto conocimiento de estas operaciones a niveles superiores, aunque no detalla mayores elementos ni cuenta con validación legal plena, según sus propias conclusiones.
A partir de la divulgación de este informe en redes sociales, surgieron cuestionamientos sobre la actuación del Ministerio de Gobierno y la oportunidad en la que se denunció el caso. Frente a ello, la cartera estatal remarcó que todas sus acciones están documentadas y a disposición de las autoridades competentes.
Mientras tanto, las investigaciones continúan en curso y se espera que el Ministerio Público determine responsabilidades en un caso que ha generado repercusiones políticas y cuestionamientos sobre posibles redes de protección a operaciones aéreas irregulares.
El Deber