Más de 9.200 mensajes de violencia política digital contra 44 candidatas encendieron las alertas durante las elecciones subnacionales, evidenciando un escenario de ataques sistemáticos, anónimos y sin sanción que condicionaron la participación de mujeres en la contienda electoral.
El informe “Violencia digital: candidatas bajo ataques sin rostro en un contexto de impunidad”, elaborado por el Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer, identificó 9.221 “publicaciones hostiles” en Facebook, TikTok, YouTube y X (antes Twitter), registradas entre el 30 de noviembre de 2025 y el 21 de marzo de 2026, un día antes de la votación en primera vuelta.
El análisis establece que la violencia no fue pasajera ni accidental, sino persistente y estructural. Más de un tercio de los mensajes corresponde a expresiones de discriminación y odio, seguidas por contenidos de desprestigio y violencia sexualizada. Estos datos reflejan que gran parte de los ataques no apuntó a cuestionar propuestas, sino a deslegitimar a las candidatas por su condición de género.
El estudio también identifica que la violencia se construye colectivamente en redes sociales, principalmente a través de comentarios en publicaciones de las propias candidatas, donde se reproducen estereotipos y descalificaciones personales que desplazan el debate político.
La exposición varía según el cargo. El 32% de los ataques se dirigió a candidatas a alcaldías, el 23% a concejalas y el 20,5% a postulantes a gobernaciones o vicegobernaciones, mientras que un 4,5% afectó a candidaturas regionales. Esto confirma, según el estudio, que el ámbito local sigue siendo uno de los espacios más adversos para la participación política de las mujeres.
Entre los casos con mayor volumen de ataques figuran Paola Aguirre (2.193 menciones), Angélica Sosa (1.769), Rocío Molina (908) y Mayte Flores (897), lo que evidencia una concentración del acoso en determinadas figuras. El informe advierte que en territorios con menor población la intensidad del acoso puede ser proporcionalmente mayor.
Otro factor crítico es la dificultad para identificar a los autores de los mensajes, lo que limita las denuncias y favorece la impunidad. La directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez, indicó a EL DEBER que la violencia digital “se ha convertido en un mecanismo que condiciona la participación electoral de las mujeres”.
En reacción a los resultados del informe, Paola Aguirre señaló que encabezar la lista de candidatas más atacadas a nivel nacional confirma una realidad que ha sido denunciada de forma constante durante la campaña: la existencia de una violencia política digital “humillante, ofensiva y agresiva” contra las mujeres.
Si bien Bolivia cuenta con la Ley Nº 243 contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres, el Observatorio concluye que el marco normativo resulta insuficiente frente a la masividad, el anonimato y la velocidad de propagación de los ataques.
El Deber