Un juez determinó este martes la detención preventiva por cuatro meses en el penal de San Pedro para un conscripto acusado de sustraer armamento y municiones del Batallón de Infantería de Marina VI “Independencia”, en Chua Cocani, La Paz, en un caso que expone graves fallas de seguridad en una unidad militar estratégica.
La medida fue dispuesta en audiencia de medidas cautelares, a solicitud del Ministerio Público, que investiga la desaparición de armas de grueso calibre. El fiscal departamental, Luis Carlos Torrez, afirmó que el conscripto es considerado el principal autor del hecho. “Este conscripto vendría a ser el principal responsable de la sustracción del armamento”, sostuvo la autoridad.
El caso no involucra a un solo implicado. Según la Fiscalía, al menos otras cinco personas —un teniente, un alférez, dos sargentos y otro conscripto— fueron vinculadas al hecho, aunque recibieron medidas sustitutivas como detención domiciliaria, prohibición de salida laboral y otras restricciones mientras avanzan las investigaciones.
Además, existe un séptimo involucrado que este martes fue aprehendido y será puesto ante un jue cautelar el miércoles. La Fiscalía pedirá su detención en la cárcel.
Las pesquisas permitieron recuperar gran parte del arsenal robado, que fue hallado oculto en un cementerio de la zona de Tilata, en la ciudad de El Alto. Sin embargo, aún faltan por ubicar un fusil AKT-56, dos pistolas y munición, lo que mantiene activados los operativos de búsqueda.
El Ministerio Público advirtió que el robo fue facilitado por deficiencias estructurales y de control dentro de la unidad militar. Entre las irregularidades detectadas figuran la falta de funcionamiento de cámaras de seguridad y la inexistencia de un muro perimetral completo, condiciones que habrían permitido el acceso y la salida de los implicados sin mayores obstáculos.
El caso continúa en etapa investigativa y no se descarta la participación de más personas ni la ampliación de cargos, mientras las autoridades buscan establecer el destino final del armamento sustraído y determinar posibles vínculos con redes delictivas.
El Deber