Los nueve tribunales electorales departamentales entregaron ayer más de 4.500 credenciales a gobernadores, alcaldes, concejales, asambleístas y autoridades regionales, en un acto que marcó el cierre formal del largo ciclo electoral en Bolivia y fue el inicio de la transición hacia nuevas gestiones que asumirán funciones a partir del próximo 4 de mayo.
La jornada se desarrolló de manera simultánea en todo el país y oficializa los mandatos surgidos de las elecciones subnacionales del 22 de marzo y de los balotajes de cinco regiones que se verificó el 19 de abril. Con ello, se abre una etapa marcada por desafíos políticos y económicos, en la que las nuevas autoridades deberán responder a altas expectativas ciudadanas en un contexto de restricciones fiscales por la falta de fondos públicos de Estado.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, dio por concluido el proceso electoral al destacar que la entrega de credenciales materializa la voluntad popular expresada en las urnas. “A cada uno de ustedes los eligió el pueblo y hoy nosotros estamos haciendo respetar esa voluntad”, afirmó
Ávila calificó el periodo que concluye como uno de los más exigentes de la historia reciente y recordó que en menos de dos años el país atravesó elecciones judiciales, comicios generales con segunda vuelta y finalmente las subnacionales. En algunos casos, los ciudadanos acudieron hasta cinco veces a votar, lo que —según remarcó— evidencia una fuerte vocación democrática.
El titular del TSE también puso el acento en las tensiones que marcaron el proceso. Reveló que el Órgano Electoral enfrentó 50 acciones constitucionales durante las elecciones. “En este proceso 50 veces hicieron que nos sentemos frente a un juez”, sostuvo. También subrayó que en todos los casos la justicia ratificó la legalidad de sus decisiones y el cumplimiento de la Constitución.
Así, en distintas regiones del país, las autoridades electas comenzaron a delinear sus primeras acciones. El gobernador electo de La Paz, Luis Revilla, anunció que iniciará la revisión del estado financiero y administrativo de la gobernación. En Pando, la gobernadora electa Gabriela de Paiva destacó que la credencial representa “la confianza depositada por la ciudadanía” y el inicio de un compromiso de gestión.
En Tarija, la gobernadora electa María René Soruco anticipó que su gestión estará marcada por la necesidad de avanzar hacia un pacto fiscal que permita equilibrar las cuentas públicas y redefinir competencias entre niveles de gobierno. En Cochabamba, el saludo entre el alcalde reelecto Manfred Reyes Villa y el gobernador electo Leonardo Loza dejó una señal de posible coordinación institucional en un escenario político fragmentado, aunque existe una notable distancia ideológica entre ambos.
El presupuesto
Pero, la posesión de las nuevas autoridades prevista para el 4 de mayo se producirá en un contexto económico complejo. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, advirtió que los gobiernos subnacionales recibirán presupuestos tensionados, con ingresos que no necesariamente se concretarán, lo que obliga a replantear la relación fiscal con el nivel central y a buscar mecanismos de coordinación.
Reveló que el Ejecutivo impulsa un esquema de acuerdos para enfrentar este escenario, orientado a coordinar la reducción del déficit, mejorar la asignación de recursos y garantizar la sostenibilidad del gasto público sin trasladar el costo a la población. Este enfoque está contenido en el Presupuesto General del Estado reformulado, que deberá ser debatido en la Asamblea Legislativa, donde el gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira no cuenta con mayoría.
Según la propuesta oficial, el ajuste fiscal se concentrará inicialmente en el Gobierno central, que ya ejecutó recortes en su gasto corriente, mientras busca acuerdos con alcaldías y gobernaciones para sostener la estabilidad económica en el mediano plazo.
Como parte de esta hoja de ruta, el Gobierno asegura haber dado una primera señal al recortar más de Bs 4.100 millones del gasto corriente del nivel central, mientras incrementa recursos destinados a áreas sensibles. Entre las medidas concretas, se prevé la creación de más de 3.000 ítems en educación y 2.300 en salud; además de ingresos en más de Bs 2.000 millones.
“El problema fiscal no es solo del nivel central, es de todos, y lo tenemos que resolver entre todos”, afirmó ayer el ministro, al plantear la necesidad de un pacto fiscal que incluya a gobernaciones, alcaldías y universidades.
El ajuste “a la boliviana” apuntará a la redistribución de recursos 50/50 con las regiones.
El Deber