Este miércoles, miles de campesinos, productores agrícolas y dirigentes de las 76 comunidades campesinas del municipio de Cercado tomaron las calles en una imponente movilización que paralizó el centro de la ciudad. La marcha, convocada por representantes de las organizaciones territoriales, exigió de manera unánime la abrogación inmediata de la Ley 1720, considerada por los manifestantes como un obstáculo para el desarrollo agropecuario y la soberanía alimentaria.
Con pancartas, tractores y banderas ondeando al ritmo de tambores y consignas como «¡Abrogación ya!» y «¡No a la Ley 1720!», la caravana se estableció en la plaza Luis de Fuentes y Vargas hasta cerca del mediodía.
«Esta ley nos quita derechos ancestrales y nos condena a la pobreza. El Gobierno debe escucharnos o las movilizaciones continuarán», afirmó el ejecutivo de la Federación de Campesinos, Herbert Quispe ante la prensa
La marcha transcurrió de manera pacífica, aunque hubo momentos de tensión con la Policía que custodiaba el perímetro.
Hasta el cierre de esta edición, no se había registrado respuesta oficial del Ejecutivo Nacional.
Las comunidades campesinas anunciaron que, de no haber avances en las próximas 48 horas, escalarán las protestas con bloqueos de vías en todo el país.
La Ley 1720 ha generado un fuerte rechazo en Bolivia, especialmente entre comunidades indígenas, originarias y campesinas. Esta norma, promulgada recientemente por el presidente Rodrigo Paz el 8 de abril de 2026, permite la conversión voluntaria de pequeñas propiedades privadas tituladas en medianas propiedades dentro del régimen agrario.
Razones principales del rechazo
Organizaciones campesinas e indígenas la consideran inconstitucional e inconsulta, ya que promueve la concentración de tierras en manos de grandes agroindustriales, debilitando la protección de la pequeña propiedad campesina y amenazando los derechos territoriales colectivos.
Denominada por los manifestantes como «Ley Marinkovic» (por el senador Branko Marinkovic, de la alianza Libre y empresario sojero que la impulsó), se ve como una mercantilización del territorio que favorece intereses extranjeros y agroexportadores, abriendo paso a actividades extractivas como minería e hidrocarburos en áreas sensibles.
Perspectiva del Gobierno
El Ejecutivo argumenta que la ley beneficia a propietarios de pequeñas fincas al facilitar el acceso a créditos con bajas tasas de interés, respetando tierras comunales, TCO indígenas y reservorios naturales, para reducir desigualdades y potenciar la producción rural.
Sin embargo, críticos señalan que viola el artículo 398 de la Constitución Política del Estado (CPE), que prohíbe el latifundio y la concentración de tierras contraria al interés colectivo.
Contexto de las protestas
Esto ha detonado marchas multitudinarias, como la de las 76 comunidades de Cercado este 29 de abril, y una movilización indígena-campesina desde la Amazonía que ya suma semanas, con demandas de abrogación inmediata y denuncias internacionales en foros de la ONU.