El gobernador del departamento de Tarija, Óscar Montes Barzón, firmó los últimos cheques para instituciones como el Servicio Departamental de Caminos (Sedeca) y la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, en el marco del cierre de la gestión financiera de esta administración y la compleja situación económica que atraviesa el departamento.
Últimos desembolsos
Trascendió que uno de los últimos cheques girados por la Gobernación fue de aproximadamente 700.000 bolivianos a favor de la Asamblea Legislativa Departamental, mientras que otra transferencia superior a 800.000 bolivianos fue destinada al Sedeca, lo que refleja el esfuerzo de la administración por cumplir compromisos antes del eventual cierre de unidades por falta de recursos.
Montes ha advertido reiteradamente que, sin una ley de emergencia financiera, la Gobernación podría verse obligada a cerrar progresivamente entidades y, en última instancia, detener su funcionamiento.
Contexto económico y político
El gobernador sostiene que la Ley Departamental de Emergencia Financiera, que propone dejar de financiar competencias nacionales como el Sedeca y redistribuir recursos, es clave para evitar la paralización de la gestión.
A la vez, la presión para mantener servicios como los caminos departamentales y el funcionamiento de la Asamblea Legislativa ha llevado a estas últimas transferencias, que muchos sectores interpretan como gestos de cierre de ciclo frente a una crisis que tocó al corazón del aparato administrativo tarijeño.
La crisis financiera en la Gobernación de Tarija se explica principalmente por la caída de los ingresos provenientes de los hidrocarburos y por un creciente desajuste entre compromisos legales y los recursos disponibles.
Dependencia del gas y caída de ingresos
Tarija obtiene más del 95% de sus recursos del Gobierno Departamental del sector hidrocarburífero, y más del 80% de ellos proviene de la renta petrolera por la venta de gas al exterior, sobre todo a Brasil. La producción de gas en el departamento ha descendido a ritmos cercanos al 20% anual, lo que redujo drásticamente los ingresos por regalías, impuestos y fondos de compensación, generando un déficit que se calcula en cientos de millones de bolivianos.
Muchas normas y poco presupuesto
El gobernador Óscar Montes ha señalado que existen más de 90 leyes departamentales que demandan presupuesto, pero el techo de ingresos no alcanza para cubrirlas, lo que genera un agujero financiero estructural.
Ese desfase se ha agravado con recortes de más de 120 millones de bolivianos en transferencias nacionales (IDH y regalías), lo que pone en riesgo programas sociales, obras y el simple funcionamiento de la institución.
Deuda y compromisos incumplidos
A la baja de ingresos se suma el peso de deudas heredadas y compromisos adquiridos en tiempos de bonanza, lo que obliga a destinar gran parte del presupuesto a pago de pasivos en lugar de inversión.
Por eso las autoridades han advertido que, sin una ley de emergencia financiera ni ajustes normativos, la Gobernación podría verse obligada a cerrar unidades o suspender servicios, incluyendo el financiamiento de programas sociales como el Prosol y la Canasta Alimentaria.