La defensa legal del expresidente Luis Arce Catacora analiza acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la decisión judicial que amplió por cinco meses más su detención preventiva dentro del proceso relacionado con el presunto desfalco al exFondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), caso en el que es investigado por hechos ocurridos cuando ejercía como ministro de Economía.
El abogado defensor, Fernando Rivadeneira, informó que la ampliación de la medida cautelar fue ratificada mediante una resolución emitida en grado de apelación por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia, que confirmó la determinación asumida previamente por la autoridad jurisdiccional.
Rivadeneira señaló que el fallo representa un resultado “desalentador” para la defensa, debido a que, en su criterio, afecta el principio de presunción de inocencia. Asimismo, sostuvo que la decisión judicial evidencia una supuesta instrumentalización de la justicia.
El jurista indicó que la defensa no descarta acudir a instancias internacionales una vez agotados los recursos previstos en la justicia boliviana. En ese sentido, mencionó la posibilidad de recurrir a la CIDH después de concluir las acciones correspondientes en la jurisdicción constitucional respecto a la resolución emitida por la Sala Penal Segunda.
Según Rivadeneira, la fundamentación de la resolución respalda los argumentos planteados por el Ministerio Público, que solicitó la ampliación de la detención preventiva luego de que Arce permaneciera privado de libertad desde el 19 de diciembre de 2025. Afirmó que la Fiscalía justificó la medida en la necesidad de realizar actos investigativos que aún estarían pendientes.
El abogado sostuvo que el Ministerio Público no demostró de qué manera el exmandatario podría influir negativamente en esas diligencias, considerando que permanece bajo detención preventiva desde hace varios meses.
Finalmente, calificó la ampliación de la medida cautelar como desproporcionada y cuestionó la actuación de la Fiscalía, institución a la que se refirió como un “apéndice del Gobierno”, al considerar que existe injerencia del Órgano Ejecutivo en el desarrollo del proceso.
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