La Defensoría del Pueblo calificó como inadmisibles las agresiones contra dos efectivos policiales y la quema de una patrulla durante un operativo de atención a una mujer víctima de violencia en la zona San Felipe de Seke de la ciudad de El Alto.
A través de un pronunciamiento oficial, la institución expresó su profunda preocupación por estos hechos, que además derivaron en la destrucción de bienes destinados a labores de protección y resguardo de la población.
De acuerdo con la información recabada por la Unidad de Coordinación Regional de El Alto, los efectivos se encontraban atendiendo un caso de violencia cuando fueron interceptados, impidiendo el desarrollo de una acción orientada a garantizar la seguridad e integridad de una persona que requería atención inmediata.
La Defensoría del Pueblo recordó que la atención de víctimas y la activación de mecanismos de protección constituyen obligaciones fundamentales del Estado y garantías esenciales para el ejercicio efectivo de los derechos humanos.
En consecuencia, señaló que resulta inadmisible que, en contextos de conflictividad social, se obstaculicen intervenciones destinadas a resguardar la vida, la integridad y la seguridad de personas en situación de vulnerabilidad.
En el marco de sus atribuciones constitucionales, la institución defensorial realizó verificaciones en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Satélite, donde constató la situación de una persona aprehendida en relación con estos hechos y gestionó la intervención del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), con el fin de garantizar el debido proceso, el acceso a la defensa técnica y el respeto de sus derechos fundamentales.
Asimismo, personal defensorial verificó la situación de los efectivos heridos, quienes señalaron haber sido agredidos mientras cumplían funciones vinculadas a la atención de un caso de violencia.
Según su relato, también fueron despojados de sus pertenencias, entre ellas una computadora portátil que contenía información relacionada con casos atendidos por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV).
La Defensoría del Pueblo enfatizó que ninguna medida de presión, movilización o conflicto social puede justificar agresiones físicas, daños a bienes públicos ni acciones que restrinjan el acceso de la población a servicios esenciales.
Expresó su particular preocupación generan los hechos que afectan la atención de mujeres víctimas de violencia, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y otros grupos que requieren especial protección.
La institución defensorial exhortó a todos los actores involucrados en las movilizaciones a actuar con responsabilidad y respeto a los derechos humanos, garantizando la integridad de las personas y el funcionamiento de los servicios destinados a la protección de la población.
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