El diputado, Carlos Alarcón de Alianza Unidad, cuestionó la participación del fiscal General del Estado, Róger Mariaca, como garante en la reunión entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno, que se desarrollan en medio de movilizaciones y bloqueos en el país.
Alarcón consideró que la función de la máxima autoridad de la Fiscalía no es mediar en conflictos políticos o sociales, sino hacer cumplir la ley y velar por los derechos de las víctimas de los hechos investigados.
“Los dirigentes que han causado todo este desastre humanitario y económico con este bloqueo criminal no deben quedar en la impunidad, tienen que responder por los delitos y daños causados a las personas, empresas y al Estado”, sostuvo el parlamentario.
La observación surge luego de que se confirmara la presencia de Mariaca en el encuentro previsto para este miércoles a solicitud de la COB, donde se prevé abordar un pliego petitorio, calificado como ‘conminatoria para la pacificación del país’, que incluye ocho puntos.
En ese contexto, Alarcón sostuvo que el Ministerio Público debe concentrar su actuación en la investigación de los hechos vinculados a los bloqueos que afectan al país y en la protección de quienes resultaron perjudicados por estas medidas de presión, tema que trajo consigo desabastecimiento y freno a servicios básicos.
“Al Fiscal General del Estado no le corresponde actuar como garante y mediador, sino hacer cumplir la ley para la protección de la sociedad y víctimas de estos delitos y la reparación de los daños sufridos, esta es su misión constitucional”, advirtió el legislador.
El punto 1 del pliego cobista “exige el alto inmediato a la persecución política, judicial y mediática contra dirigentes y autoridades orgánicas”, apuntando a la liberación y amnistía mediante la revisión de casos de los “presos políticos y personas detenidas en el marco del conflicto, garantizando el debido proceso”.
Para el analista, Gonzalo Chávez, en este punto “se pide impunidad política y jurídica para la decena de ilícitos documentados durante los bloqueos”, desde el ataque a instalaciones públicas hasta agresiones a personas.
Desde su punto de vista, la COB parece confundir el principio de presunción de inocencia con el derecho a la impunidad preventiva, lo cual es un avance jurisprudencial que no encontrará respaldo “ni en Montesquieu ni en la Constitución”.
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