El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado en Bolivia y entregado a Estados Unidos el pasado 13 de marzo, sorprendió con dos decisiones a solo una semana de su próxima audiencia en una corte del estado de Virginia: cambió a su equipo de abogados, y pasó al ataque con acusaciones de extorsión contra agentes federales de Estados Unidos y denuncia de supuestas irregularidades en el proceso en su contra.
Marset difundió un comunicado de cuatro páginas en el que señala que decidió reorganizar su representación legal debido a “presiones externas” y acusa a agentes antidrogas estadounidenses de intentar obtener declaraciones bajo supuesta extorsión.
“Durante el interrogatorio, los agentes me amenazaron con que nunca volvería a ver a mis hijos y que pasaría el resto de mi vida en prisión si no cooperaba. El resumen del interrogatorio fue falsificado: se registraron declaraciones que nunca hice y negaciones expresas que formulé fueron registradas como aceptaciones. Esto constituye una alteración fraudulenta de un documento oficial”, afirmó Marset, en el comunicado dirigido al juez Rossie Alston Jr.
En ese documento, Marset afirmó que dos agentes estadounidenses lo presionaron para entregar la clave de una billetera digital donde supuestamente tiene cerca de 4 millones de dólares en dinero virtual. Según esa versión, tras negarse Marset a dar acceso a la cuenta digital, los agentes se comunicaron con su madre y le pidieron que les enviara fotos de las hojas de una libreta, en las que estaban escritas la claves.
Además, el narco uruguayo informó al juez Alston que decidió apartar a sus abogados defensores, que negociaban su declaración de culpable a cambio de menos años en prisión. Los acusó de no ponerlo al tanto sobre todas las acciones legales en su contra. En su reemplazo contrató a Robert Feitel, exfuncionario del Departamento de Justicia.
Primer Cartel Uruguayo
El historial criminal de Marset incluye acusaciones en varios países por liderar el denominado Primer Cartel Uruguayo (PCU), una estructura dedicada al tráfico de cocaína hacia Europa con base operativa en Bolivia y Paraguay. También es vinculado al asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, en 2022.
Marset afronta el riesgo de recibir una pena de hasta 20 años de cárcel, en caso de comprobarse su participación en el lavado de dinero proveniente del narcotráfico en bancos de Estados Unidos y Europa.
El Deber