La investigación sobre la presunta contaminación con sustancias ilícitas de cargamentos de madera boliviana detectados en Chile sumó un nuevo elemento al debate. Instituciones científicas y académicas de Bolivia y Francia coincidieron en que las pruebas preliminares deben ser corroboradas mediante análisis confirmatorios de laboratorio antes de establecer conclusiones definitivas, criterio que el sector forestal considera clave para garantizar una investigación objetiva y técnicamente sólida.

El pronunciamiento más reciente proviene de la Asociación Técnica Internacional de las Maderas Tropicales (Atibt), organismo de referencia mundial para el sector forestal tropical, que recomendó complementar las pruebas de campo con análisis mediante espectrometría de masas (GC-MS o LC-MS/MS), metodologías reconocidas internacionalmente para confirmar o descartar de forma concluyente la presencia de sustancias ilícitas. La entidad recordó que las pruebas colorimétricas utilizadas durante los operativos constituyen únicamente métodos presuntivos y, por tanto, requieren validación en laboratorio.
A esta posición se sumó un pronunciamiento académico de docentes de la Carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), quienes explicaron que las especies involucradas en el caso presentan una capacidad de impregnación extremadamente limitada debido a sus características anatómicas y físicas. En consecuencia, sostuvieron que cualquier hipótesis sobre una posible infiltración de sustancias debe ser demostrada mediante una evaluación científica rigurosa y no únicamente con pruebas preliminares.
Como respaldo a ese criterio, la Atibt citó una certificación emitida por el Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (Cirad), de Francia, que clasifica al Ipê (tajibo), Cumaru (almendrillo) y Pau Roxo o Purpleheart (morado) como maderas no permeables conforme a la Norma Europea EN 350, debido a su elevada densidad y estructura anatómica.
El debate también incorporó el análisis del criminólogo Alejandro Colanzi Zeballos, presidente de la Academia Boliviana de Ciencias Criminológicas, quien sostuvo que cualquier investigación sobre una eventual infiltración del crimen organizado debe sustentarse en peritajes especializados, cadena de custodia, contramuestras, identificación precisa de las especies forestales y pruebas científicas confirmatorias antes de atribuir responsabilidades.
Para la Cámara Forestal de Bolivia, estos pronunciamientos fortalecen el proceso investigativo al incorporar criterios técnicos que contribuyen a separar la evidencia científica de las especulaciones. Su gerente general, Wálter Rioja, señaló que el aporte de instituciones científicas nacionales e internacionales permite que el debate se desarrolle sobre bases verificables y no sobre conclusiones anticipadas.
La entidad recordó que desde que estalló el caso expresó su respaldo a las investigaciones que desarrollan las autoridades de Bolivia, Chile y de los demás países involucrados. Sin embargo, insistió en que el esclarecimiento de los hechos debe sustentarse en información oficial, evidencia científica, respeto al debido proceso y un peritaje internacional independiente que otorgue certeza técnica sobre los resultados.
Según la institución, ese enfoque resulta fundamental para evitar que se afecte injustamente a un sector que genera más de 200.000 empleos, aporta alrededor del 1,4 % del Producto Interno Bruto nacional, agrupa unas 9.000 unidades productivas —el 89 % de ellas micro y pequeñas empresas— y cuenta con reconocimiento internacional por su manejo forestal sostenible.
La Cámara Forestal reiteró finalmente su disposición a colaborar con las autoridades competentes dentro del marco de sus atribuciones y expresó su confianza en que los análisis científicos permitirán esclarecer objetivamente los hechos. A su juicio, la credibilidad de la investigación y la confianza de los mercados internacionales dependerán de que las conclusiones estén respaldadas por evidencia verificable, cooperación institucional y rigor técnico.
El Deber