El reciente doble sismo de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio dejó un rastro de destrucción que va más allá de un desastre natural. La tragedia, que ya cobró la vida de al menos 1.700 personas y dejado más de 50.000 desaparecidos según cifras de la ONU, pone bajo la lupa la calidad de la infraestructura construida durante casi tres décadas de chavismo.
Especialmente en el estado La Guaira, la “zona cero” del desastre, el colapso masivo de edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) —el programa bandera de Hugo Chávez y Nicolás Maduro— reavivó las denuncias sobre corrupción, materiales de baja calidad y negligencia técnica.
Uno de los casos más alarmantes es el del complejo “Hugo Chávez”, en Catia La Mar. Este urbanismo, diseñado para albergar a unas 7.000 personas en 192 edificaciones, vio cómo la gran mayoría de sus estructuras se venían abajo, de 193 edificios, solo tres quedaron en pie. Los sobrevivientes relatan escenas de horror, describiendo cómo los apartamentos se “cimbraron sobre los pisos inferiores” hasta ceder por completo ante las réplicas.
Entre los escombros de lo que debían ser hogares seguros, quedaron al descubierto materiales que expertos consideran inadecuados para zonas de alta sismicidad. Testigos y rescatistas reportaron la presencia de tablas de madera, vigas deficientes y espuma de poliuretano amarilla en las bases de los edificios que colapsaron o quedaron inclinados al borde del derrumbe.
Advertencias ignoradas y fallas técnicas
La catástrofe no parece ser una sorpresa para la comunidad técnica. De acuerdo a La Nación, el Colegio de Ingenieros de Venezuela había alertado durante años sobre el deterioro prematuro, grietas estructurales y la vulnerabilidad de estas construcciones. Los informes señalaban una alarmante falta de información sobre los estudios de suelo y el incumplimiento de las normativas antisísmicas vigentes.
A la mala ejecución técnica se suman las sospechas de corrupción sistémica ya que se denunciaron contratos millonarios con países aliados, como la Bielorrusia de Aleksandr Lukashenko, que habrían quedado inconclusos o ejecutados sin la debida supervisión estatal a pesar de las grandes inversiones.
La respuesta ante la emergencia también evidenció la falencia del Estado, según expertos y analistas. En muchos barrios, fueron los propios vecinos quienes iniciaron las tareas de rescate ante la ausencia de autoridades, maquinaria pesada y equipos especializados.
La actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió tras la detención de Maduro en un contexto de intervención estadounidense, enfrentó abucheos en las zonas afectadas y prometió la creación de “campamentos transitorios” y nuevos proyectos de vivienda en tiempos cortos.
Sin embargo, el escepticismo reina entre los damnificados, muchos se niegan a ir a los refugios estatales, recordando que todavía hay personas viviendo en ellos tras desastres de hace más de una década. Para muchos críticos, este terremoto no solo movió la tierra, sino que terminó de derrumbar el relato de eficiencia de la Revolución Bolivariana, dejando al descubierto que las viviendas entregadas como símbolos de progreso eran, en realidad, estructuras incapaces de proteger a sus ciudadanos.
Agencias