Bolivia vive un escenario en el que la conflictividad social y la urgencia de reformas estructurales no pueden entenderse como eventos aislados, sino como procesos complejos que coexisten de manera constante.
Según el analista político Franklin Pareja, citado por Correo del Sur Radio, el país experimenta actualmente un estado de parálisis gubernamental en el que, debido a la inacción estatal y la ausencia de reformas profundas, se mantiene en un “statu quo”.
Pareja sostiene que la implementación de reformas en áreas como el ámbito constitucional, económico, social, en la policía, el sistema judicial o la lucha contra el crimen organizado encendería de inmediato las alarmas de diversos sectores.
El analista advierte que, especialmente las organizaciones vinculadas a actividades ilícitas que se encuentran asentadas en el país, reaccionarían de manera combativa ante cualquier intento de transformar las formas en las que se establecieron. De forma paradójica, señala que el inicio del cambio estructural necesario vendrá acompañado de una agudización de los conflictos.
En medio de este estancamiento, la debilidad política de la gestión gubernamental llegó a polarizar a la opinión pública en dos corrientes. Por un lado, Pareja identifica a los que se encuentran los sectores radicales que desean el fracaso y la caída anticipada del gobierno; por el otro, aquellos que observan con temor un eventual desplome institucional debido a las consecuencias de desestabilización.
No obstante, ambos grupos comparten un diagnóstico común: la extrema fragilidad del Ejecutivo hace que la posibilidad de que no concluya su mandato sea una variable real.
Frente a este panorama de vulnerabilidad, las opciones de gobernabilidad a través de alianzas con figuras de la oposición, como Jorge Tuto Quiroga (Libre) o Samuel Doria Medina (Unidad Nacional), se asimilan como insuficientes si no se traducen en acciones concretas.
Para Pareja, la firma de agendas o acuerdos donde perpetúen disputas personales no disipará la tensión social. El politólogo recuerda que la popularidad y confianza de la que gozaba el Gobierno de Rodrigo Paz en sus primeros meses se disipó debido a denuncias de corrupción y otros factores
En su lectura, el fin de la crisis no se logrará con pactos de cúpulas políticas desgastadas y más bien requiere de resultados institucionales y macroeconómicos tangibles que devuelvan la certidumbre a la ciudadanía
Para ellos sostiene que se precisa del trabajo conjunto de gobernadores, alcaldes, el sector productivo empresarial y organizaciones sociales. Sin embargo, el gobierno “arrastra un déficit en la comprensión de la historia y la realidad del país”, lo que dificulta tender puentes en un momento donde la parálisis administrativa posterga la conflictividad latente.
Correo Del Sur