El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, y el diputado de Unidad Carlos Alarcón presentaron formalmente un proyecto de ley destinado a activar la reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE), después de alcanzar un compromiso político entre representantes de distintas fuerzas de la Asamblea Legislativa.
“He alcanzado un acuerdo, un compromiso entre las distintas bancadas para impulsar el proceso de la reforma constitucional”, anunció Ávila. Explicó que la iniciativa busca reunir los proyectos planteados anteriormente y abrir un proceso de discusión sobre la justicia, el modelo económico, las autonomías, el sistema político y la relación entre los órganos del Estado.
La propuesta comenzará a tratarse en la Cámara de Senadores. Alarcón justificó esta decisión porque uno de los ejes será la redistribución de competencias autonómicas y el Senado representa territorialmente a los nueve departamentos. Una vez aprobada en esa instancia, la norma será remitida a Diputados.
Después deberá ser considerada por ambas cámaras reunidas en sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde necesitará el respaldo de dos tercios de los asambleístas presentes. La última etapa será un referéndum constitucional, que, según Alarcón, podría realizarse dentro de los cuatro meses siguientes a la aprobación legislativa.
La base jurídica vigente para la reforma parcial está contenida en el parágrafo II del artículo 411 de la Constitución —aunque Alarcón la mencionó como artículo 412 durante su explicación—. Esa disposición permite iniciar el proceso mediante una iniciativa popular respaldada por al menos el 20% del electorado o por una ley aprobada con dos tercios de los miembros presentes de la Asamblea. En ambos casos, el cambio debe ser sometido a un referéndum aprobatorio. La Constitución vigente contiene 411 artículos.
El proyecto plantea la denominada “desconstitucionalización” de 30 artículos, de manera que sus contenidos dejen de tener rango constitucional y puedan ser regulados, modificados o sustituidos mediante leyes cualificadas aprobadas por dos tercios. Las disposiciones involucradas abarcan la elección de magistrados, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, las inversiones, los recursos naturales, los hidrocarburos, la minería, el agua y la energía.
Uno de sus principales objetivos es eliminar la elección de las máximas autoridades judiciales mediante voto popular y establecer un nuevo mecanismo de selección basado en méritos. También fija un plazo máximo de un año, desde la eventual entrada en vigor de la reforma, para aprobar las leyes estructurales y sectoriales que reemplazarán las disposiciones retiradas de la Constitución. Alarcón presentó una primera versión de esta propuesta el 13 de agosto.
En materia económica, la iniciativa busca prohibir la expropiación, nacionalización, estatización o reversión de inversiones nacionales y extranjeras. Además, abre la posibilidad de que las controversias entre el Estado y los inversionistas sean resueltas mediante acuerdos amistosos, la justicia boliviana o arbitrajes nacionales e internacionales.
El texto también propone derogar tres disposiciones: la que considera traición a la patria la vulneración del régimen constitucional de los recursos naturales; la que obliga a las inversiones extranjeras a someterse exclusivamente a la jurisdicción boliviana, y la que impide recurrir al arbitraje internacional. El proyecto identifica 30 artículos que pasarían a ser regulados mediante leyes.
La iniciativa surge en medio de conversaciones políticas entre referentes del PDC, Unidad, Libre, Súmate y Demócratas para construir acuerdos legislativos. En agosto también ingresaron propuestas de Alarcón y del presidente de Diputados, Roberto Castro, esta última concentrada en la profundización de las autonomías.
Ávila afirmó que las mesas de trabajo deberán incorporar al Ejecutivo y a los órganos Judicial y Electoral, además de gobernaciones y otras instituciones. “Es un paso fundamental que podamos ponernos de acuerdo sobre un tema esencial para el país, que es la reforma institucional”, sostuvo.
El Deber