El sistema financiero boliviano cerró el primer semestre de 2026 con un índice de morosidad de 2,9%, una cifra que el Banco Central de Bolivia (BCB) presenta como señal de «calidad de cartera contenida» en su Informe de Estabilidad Financiera, publicado en septiembre. Pero el mismo documento —basado en datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)— advierte que ese número convive con una vulnerabilidad que no desapareció: el 12,2% de la cartera total del sistema sigue reprogramada, un nivel superior al registrado antes de la pandemia.
Se trata, según el propio BCB, de uno de los «principales factores a monitorear» para la estabilidad financiera en los próximos meses, junto con el costo del fondeo y los efectos de la transición cambiaria.
Una mora que baja en el promedio, pero no en todos lados
El informe detalla que la reducción de la morosidad fue generalizada, pero desigual. Mientras la cartera empresarial —créditos a grandes empresas— registró un índice de mora de solo 1,4%, la cartera destinada a pequeñas y medianas empresas (PYME) llegó a 4,9%, más de tres veces mayor. El BCB atribuye esta brecha a «la menor capacidad (de las empresas de menor escala) para absorber reducciones en sus ingresos y mayores costos operativos» frente al debilitamiento de la actividad económica.
El patrón se repite al mirar la mora por actividad económica. Los rubros más afectados al cierre de junio fueron restaurantes y hoteles (4,6%), comercio (3,7%) y transporte (3,4%), sectores que —según el propio informe— «enfrentaron dificultades asociadas a los conflictos sociales y restricciones en el abastecimiento de combustibles» durante mayo y junio.
En el otro extremo, las actividades extractivas (minería e hidrocarburos) tuvieron la mora más baja del sistema, con 0,9%.
Es decir: los sectores más expuestos a los bloqueos y las restricciones de combustible —el comercio minorista, el transporte, la hotelería — son también los que muestran mayor deterioro en su capacidad de pago, mientras que los sectores extractivos, menos afectados por esas disrupciones, exhiben la mejor calidad de cartera.
El otro número que el BCB pide vigilar: la cartera reprogramada
La reprogramación de créditos —el mecanismo por el cual un banco modifica los plazos o condiciones de un préstamo para un cliente que no puede pagar en los términos originales— es distinta de la mora, pero está relacionada: es, en buena medida, el reflejo de riesgos que todavía no se materializaron como impago pero que tampoco se resolvieron.
Según el informe, el índice de cartera reprogramada vigente llegó a 12,2% de la cartera total a junio de 2026. El BCB señala que esta cifra «mantiene una trayectoria descendente desde el máximo alcanzado en 2022«, pero aclara que sigue por encima del nivel previo a la pandemia. Textualmente, el documento advierte que «su desempeño futuro dependerá de la capacidad de pago de los prestatarios y de la evolución de la actividad económica».
Este dato adquiere una lectura adicional a la luz de una medida gubernamental adoptada en plena crisis social: el Decreto Supremo 5630, del 8 de junio de 2026, habilitó el refinanciamiento o reprogramación de créditos para prestatarios «cuya capacidad de pago hubiera sido afectada por conflictos sociales, bloqueos u otros eventos adversos ajenos al normal desenvolvimiento de sus actividades económicas».
El Deber