El Gobierno y los alcaldes de las nueve ciudades capitales y de El Alto suscribieron este martes en La Paz un acuerdo para avanzar en la Agenda 50/50 con una metodología progresiva y diferenciada, que incluye la revisión de competencias, reformas normativas y nuevos mecanismos de financiamiento para los municipios.
El documento establece tres ejes de trabajo: libertades y eficiencia autonómica, reformas normativas, y acuerdos fiscales para avanzar hacia una distribución más equitativa de los recursos. El presidente Rodrigo Paz informó en sus redes sociales que el acuerdo se firmó también con la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB). “Reconocemos que cada municipio es distinto: no hay una sola fórmula para todos. Por eso, la Agenda 50/50 avanzará de manera progresiva y diferenciada, con corresponsabilidad, transparencia y resultados verificables”, escribió.
Antes de la reunión, el Presidente afirmó que la Agenda 50/50 debe avanzar de manera ordenada para fortalecer las capacidades municipales y superar el centralismo. También informó que el Banco Mundial apoyará el proceso con asistencia especializada en pacto fiscal, salud, educación y dominios tributarios.
Precisamente, entre las conclusiones, figura la revisión de las competencias de cada nivel de Gobierno, con el fin de identificar duplicidades, vacíos y cargas financieras. En materia de financiamiento, las partes acordaron evaluar la estructura de ingresos municipales y auditar los recursos de coparticipación tributaria de los últimos años. Además, se analizarán nuevos criterios de distribución que, junto con la población, considerarán la capacidad fiscal, el esfuerzo recaudatorio, el dinamismo económico local, las necesidades básicas insatisfechas, el índice de desarrollo humano y los costos reales de los servicios urbanos.
Otro punto establece que, en un plazo de 15 días, el nivel central dará una respuesta técnica sobre tres alternativas para el 12% del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (Fpieeh): suspender su aplicación a los municipios en 2027, devolver los recursos de 2025 o aplicarla de forma progresiva. La evaluación corresponderá a los ministerios de Hidrocarburos y de Economía.
El acuerdo también contempla modificar las normas que restringen las competencias municipales, facilitar la aprobación de las cartas orgánicas, revisar el régimen de ingresos propios y permitir la participación de los municipios en alianzas público-privadas.
Las mesas técnicas funcionarán de forma permanente y los consensos podrán traducirse en proyectos de ley, decretos y acuerdos fiscales. “Este acuerdo es un paso hacia el Gran Acuerdo Nacional para las Autonomías, por un Estado que funcione mejor y esté más cerca de la gente”, señaló Paz.
Desde el sector municipal, la vicepresidenta de la AMB y alcaldesa de Sucre, Fátima Tardío, indicó que el municipalismo pidió al Gobierno distribuir entre los municipios el ahorro generado por la eliminación de la subvención al diésel. “Todos los municipios creemos que esto tiene que volcarse a la inversión en los municipios”, afirmó. Añadió que, de no ocurrir, “estaríamos en un terrible problema”.
Tardío mencionó además otros compromisos: mayor asignación presupuestaria para el cierre de la gestión, un programa de educación financiera, el posible uso de bonos del Tesoro por parte de los municipios y la simplificación de trámites para acceder a financiamiento externo.
El presidente de la AMB, Mauricio Barba, por su parte, confirmó a la Red Unitel que se conformarán mesas técnicas para la construcción de la Agencia 50/50 y un mayor presupuesto. “Para este año va a haber un presupuesto adicional para todos los municipios”, declaró.
Correo Del Sur