El Consejo de la Magistratura puso bajo revisión los actuados y fallos de tres jueces de Santa Cruz que están incluidos entre los ciudadanos bolivianos a quienes Estados Unidos revocó la visa. Se trata de Albania Chane Caballero Saavedra, Rosario Ximena Flores Paniagua y Rodrigo Aldo Vedia Espinoza. Los tres continuarán en funciones mientras se revisan sus procesos disciplinarios y las causas de mayor relevancia que atendieron entre 2024 y 2026.
“Es un golpe muy fuerte para el Órgano Judicial que autoridades estén en una lista donde se les revoca su visado”, afirmó ayer el encargado distrital del Consejo de la Magistratura, Emilio Arredondo. La autoridad aclaró que cada país tiene autonomía para definir su política migratoria, pero señaló que en Santa Cruz se activarán los mecanismos institucionales para revisar antecedentes que puedan comprometer la función judicial.
Los operadores del sistema de justicia del país son los que concentran la mayor parte de los nombres incluidos por Estados Unidos en su nueva ofensiva diplomática contra la corrupción y el narcotráfico en la región. De los 13 bolivianos identificados públicamente el 28 de septiembre por Washington, nueve están vinculados directamente con la Fiscalía, los tribunales de justicia o la magistratura.
Procedimientos
“Se ha sacado un instructivo para que procedamos a hacer un relevamiento técnico en los tres juzgados de la gestión 2024, 2025 y 2026”, precisó Arredondo en contacto con los periodistas.
Paralelamente, se solicitaron informes sobre procesos disciplinarios abiertos contra las tres autoridades para establecer su estado y las razones de eventuales demoras en sus actuaciones.
El caso más avanzado es el de Vedia, juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia, que enfrenta un proceso por una “falta gravísima” después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional observara que pudo actuar sin competencia en algunas acciones de amparo. “Esto sí está buscando la destitución”, señaló Arredondo.
Caballero, jueza de Instrucción Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer Primera de Santa Cruz, también afronta un proceso disciplinario por faltas graves. Sobre Flores, jueza de Instrucción Penal, el Consejo solicitó información para determinar si existen otros antecedentes o causas pendientes a su cargo.
Además de los operadores de justicia, el Departamento de Estado acusó específicamente al Fiscal General Roger Mariaca de solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico. Mariaca rechazó esos señalamientos, mientras que el Gobierno pidió a Washington información sobre esa medida por vía diplomática.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer Arancibia, informó ayer que su institución dispuso una revisión técnica y administrativa sobre jueces y exmagistrados alcanzados por las restricciones de visa anunciadas por Estados Unidos.
Explicó que las representaciones distritales deberán verificar los antecedentes y la documentación que respalde eventuales ausencias de sus funciones.
“Este levantamiento nos permitirá determinar si se cumplieron los procedimientos administrativos establecidos”, señaló.
Spencer precisó que la revisión incluirá viajes al exterior y si éstos fueron respaldados por vacaciones autorizadas, licencias, permisos u otros documentos emitidos conforme a norma, bajo las atribuciones del Consejo.
El Deber