Frente al “hostigamiento” sistemático que sufren Radio Yungas el Chasqui y Radio FM Bolivia, que fueron conminados por un requerimiento fiscal a entregar listas de entrevistados y copias de informes periodísticos, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) puso este caso en conocimiento de cuatro instancias internacionales. En tanto, el Ministerio Público dejó en suspenso la citación a cuatro periodistas de dichos mencionados medios.
La semana pasada, la fiscal Odalis Leonor Peñaranda solicitó a las dos emisoras que remitan una copia de los reportes periodísticos registrados en la localidad de Coripata-Auquisamaña Bajo y Alto, entre los días 3 y 6 de julio, en el marco de las investigaciones sobre la muerte del policía Miguel Ángel Quispe Nina. El lunes, por otra parte, emitió citaciones contra la directora de Radio Yungas el Chasqui, Eliana Ayaviri, contra los periodistas de ese medio Juan C. Mamani y Luis Callizaya, y contra al director de Radio FM Bolivia, Galo Hubner, aunque ayer determinó dejar en suspenso esas convocatorias.
Al respecto, la ANP informó a Página Siete: “La Asociación Nacional de la Prensa ya envió los informes respectivos al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, y a sus organizaciones aliadas en el hemisferio: Voces del Sur (VdS), IFEX-ALC y la Alianza Regional por la Libre Expresión”.
La entidad periodística comunicó también que el vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para Bolivia, Jorge Carrasco Guzmán, envió los informes a conocimiento de la SIP, institución que realiza seguimiento al tema.
La ANP también recordó que el accionar de la Fiscalía transgrede el articulo 8 de la Ley de Imprenta, que garantiza el secreto de la fuente como una medida de protección de los informantes, y señaló que el artículo 106 de la Constitución establece que “el Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información”.
En la misma línea, el presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Pedro Glasinovic, expresó: “La acción que están asumiendo es absolutamente ilegal, es inconstitucional. No se puede obligar a los periodistas a revelar el secreto de fuente de sus despachos o de su trabajo. Entiendo que les están exigiendo fotografías, videos y nombres incluso de quienes han declarado en la radio esos días de conflicto y eso se sale del marco legal. El juez debe conocer el artículo 8 de la Ley de Imprenta, que establece y dice que el secreto en materia de imprenta es inviolable”.
Por su parte, Ayaviri señaló que de alguna forma se sienten “intimidados”. Indicó que no comprenden el porqué del requerimiento fiscal a Radio Yungas el Chasqui, puesto que la información sobre los sucesos se hizo pública en el sitio web de la radio.
“De alguna manera nos estarían limitando el trabajo, nos estarían condicionando, nos estarían intimidando. Al final, la prensa tiene que llegar a donde haya información. Todo lo que pasó el sábado 3 de julio está en nuestra página digital. No entendemos por qué la fiscal nos cita, nos envía requerimiento de videos, imágenes y pide una lista de a quiénes hemos entrevistado. Eso va contra la Ley de Imprenta, nosotros no podemos desvelar la fuente”, aseguró.
Indicó que por la tensa situación en los Yungas, los periodistas además son víctimas de agresiones físicas y verbales, y denunció que el 3 de julio los productores de coca del bloque de Elena Flores golpearon y tomaron como rehén al periodista Juan C. Mamani, y que el 5 de julio ella también fue amedrentada.
El director de Radio FM Bolivia, Galo Ubner, manifestó que tanto el requerimiento fiscal de información como la citación a declarar lo sorprendieron, puesto que la información fue difundida de forma pública.
“Desde nuestro punto de vista, como trabajadores de la prensa, como director de la radio FM Bolivia, es inadmisible que esté ocurriendo esto, que se nos cite a declarar. Nos solicitan un requerimiento fiscal de que tenemos que desvelar quiénes han llamado, quiénes han participado, quiénes han sido entrevistados. En todos estos años de trabajo no había visto algo así”, expresó el comunicador.
Señaló que la emisora que dirige reportó los sucesos del 3 de julio con ayuda de la población que envió videos y fotografías de lo que acontecía, y que ahora les solicitan dar a conocer los nombres de los que proporcionaron la información. Coincidió con Ayaviri en que el ambiente polarizado en los Yungas dificulta y amenaza el trabajo de la prensa.
Página Siete
