Los alcaldes de las ciudades capitales y El Alto reclamaron ser incorporados a las negociaciones del 50/50, hasta ahora concentradas entre el Gobierno central y las gobernaciones. Además de exigir participación en un pacto fiscal, plantearon aliviar las cargas de los municipios, entre ellas el pago del bono a las personas con discapacidad, y advirtieron que la subida del diésel amenaza la continuidad de obras y servicios.
La posición surgió de una reunión de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), en La Paz. El alcalde paceño, César Dockweiler, presentó una propuesta para que, hasta 2030, el 50% de los recursos de coparticipación quede en el nivel central y el otro 50% se distribuya entre municipios (36%), gobernaciones (6,7%) y universidades (7,3%).
Dockweiler explicó que el cambio debería concretarse en cuatro etapas, desde 2027 hasta 2030, para evitar un ajuste brusco. La distribución aún debe debatirse con el Gobierno, los departamentos y las universidades. “No estamos en contra ni del Gobierno nacional ni de las gobernaciones”, dijo tras insistir en que las alcaldías atienden las necesidades cotidianas de la población.
El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel ‘Mamén’ Saavedra, respaldó una negociación amplia, pero advirtió que los porcentajes no pueden imponerse sin consenso. “Es necesario un gran debate entre todos los involucrados”, señaló. También recordó que los municipios responden por las calles, el transporte y los problemas de los vecinos.
La AMB también cuestionó que el proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2027 contemple un 1% de coparticipación para las nueve gobernaciones, alrededor de Bs 550 millones, sin incorporar a los gobiernos municipales en las conversaciones. Los alcaldes exigen conocer las bases técnicas de la propuesta y garantías para evitar que sus ingresos actuales resulten afectados.
Una segunda demanda apunta a que el Tesoro General de la Nación financie el bono para personas con discapacidad. La alcaldesa de Sucre, Fátima Tardío, pidió modificar la Ley 977 para trasladar ese gasto al nivel central. Los municipios también reclaman revisar la obligación de destinar recursos a seguridad ciudadana y aliviar otros compromisos presupuestarios.
Como antecedente, mencionaron la Ley 1771, promulgada el 30 de septiembre, mediante la cual el Gobierno nacional asumió los prediarios y gastos del régimen penitenciario pagados antes por las gobernaciones. La reasignación de Bs 209,5 millones abrió, según los alcaldes, la posibilidad de revisar otras responsabilidades entre niveles del Estado.
También solicitaron la devolución de recursos retenidos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), vinculados al fondo para exploración y explotación de hidrocarburos, cuyo monto fue estimado en $us 701 millones.
Obras paralizadas
Los alcaldes dieron plazo hasta el viernes 13 de noviembre para que el Ejecutivo apruebe un decreto que permita actualizar los precios de los contratos de obras públicas. Argumentan que el encarecimiento del diésel, tras el retiro de la subvención, dejó proyectos paralizados y a contratistas sin margen para continuar.
“Solamente el incremento del diésel de 9 a 18 bolivianos ha provocado que las empresas contratistas nos digan que ya no les interesa ejecutar”, manifestó Dockweiler. Advirtió que el nuevo costo también compromete el funcionamiento del transporte público municipal.
Tardío reclamó una norma que dé respaldo legal y recursos para reajustar los contratos y reactivar las obras. La AMB convocó para el lunes 16 de noviembre otro encuentro en La Paz, con la Federación de Asociaciones Municipales y otros alcaldes, con la intención de elaborar una posición conjunta e invitar al Gobierno a negociar y abrir un debate mayor con miras a profundizar la descentralización y las autonomías.
Los gobernadores, por su lado, piden reestablecer el debate.
El Deber