El vocero de la Asociación de Industriales Vitivinícolas (ANAVIT), José Luis Sánchez, informó este jueves que el sector no está de acuerdo con la decisión del Gobierno de enviar a la Asamblea Legislativa Plurinacional el tratamiento de la Ley 1720 para analizar su posible abrogación o derogación, tras las fuertes protestas del sector campesino.
Según Sánchez, la Ley 1720, de “Conversión de Tierras”, resulta clave para la cadena productiva uva–vino–singani, porque permite una mejor titularidad y formalización de pequeñas propiedades rurales, facilitando acceso a créditos y seguros.
El vocero advierte que un eventual retiro de la norma podría frenar proyectos de inversión, generar incertidumbre jurídica y afectar la capacidad de los vitivinicultores para consolidar sus unidades productivas.
El anuncio del ajuste legislativo se dio tras un acuerdo entre el presidente Rodrigo Paz y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que pidió la abrogación de la norma por considerarla favorable a grandes empresarios y perjudicial para la tierra comunitaria.
Frente a ello, Sánchez sostiene que la solución no es eliminar la ley, sino perfeccionarla con diálogo tripartito entre gobierno, empresarios y organizaciones campesinas, para preservar avances productivos sin afectar derechos territoriales.
Desde ANAVIT recomiendan que el Órgano Legislativo escuche también a las organizaciones vitivinícolas antes de decidir sobre la Ley 1720, subrayando que la industria vino–singani representa empleo, exportaciones y desarrollo regional, especialmente en Tarija y el sur de Bolivia.