Los bagalleros de Yacuiba y San José de Pocitos (Tarija) tomaron como un alivio la determinación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Argentina de suspender el cepo aduanero que estaba vigente desde el 10 de este mes.
La aplicación de la resolución 5910/2026 se postergó por un periodo de 120 días en las ciudades fronterizas de Salvador Mazza, Aguas Blancas y La Quiaca, en el límite con Bolivia.
«Es una buena noticia para nosotros y por lo menos vamos a pasar un fin de año con algo de dinero porque fueron días negros para el sector», afirmó el presidente de la Asociación de Bagalleros del Gran Chaco, Ramiro Alarcón, a EL DEBER.
Según Alarcón, la mayoría de los bagalleros ya no hacían varios viajes para el transporte de mercadería del lado argentino por el cepo aduanero.
El dirigente destacó las gestiones que realizaron autoridades de los municipios fronterizos de Argentina para presionar al ARCA y la Aduana, a fin de que deje sin efecto la resolución 5910/2026.
Tanto el intendente de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, como el de Salvador Mazza, Gustavo Subelza, interpusieron un amparo colectivo ante la justicia argentina para su inmediata anulación por atentar a la actividad comercial.
Después el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, intervino y persuadió a las autoridades del ARCA y Aduana del país vecino para la suspensión por 120 días que rige en la actualidad.
Alarcón declaró que en este tiempo podrán analizar como sector qué alternativa les pueden dar a los bagalleros y no se queden sin trabajo porque más de 1.000 personas trasladan mercadería del lado argentino hacia Yacuiba.
Agregó que se espera hacer lo posible para que el sector participe en las mesas técnicas a ser instaladas sobre la situación del comercio fronterizo y la incorporación de modificaciones.
Los bagalleros son trabajadores que se dedican a la internación de mercadería argentina en sus carritos todos los días desde Salvador Mazza hacia Yacuiba.
Similar sector existe en los pasos fronterizos entre Aguas Blancas – Bermejo y La Quiaca – Villazón (Potosí), donde estaban también en estado de emergencia por la vigencia de la polémica resolución 5910/2026 que limitaba el ingreso y compras de productos alimenticios desde Argentina.
El Deber