Los bloqueos de carreteras en Cochabamba ya provocaron pérdidas económicas por 1.932,9 millones de bolivianos en lo que va de 2026, una cifra que supera todo el daño registrado durante la gestión pasada, cuando las afectaciones alcanzaron 1.870 millones de bolivianos.
Así lo establece un informe de la Unidad de Análisis Económico de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), que alerta sobre una aceleración de la conflictividad social y sus consecuencias sobre la actividad productiva, el abastecimiento y el empleo.
Según el reporte, hasta este 1 de junio el departamento acumula 671 conflictos y protestas sociales, además de 36 días efectivos de bloqueo en rutas nacionales, interdepartamentales y regionales. La jornada de este lunes registra 35 puntos de bloqueo activos y una afectación económica estimada en 87,7 millones de bolivianos.
Los datos reflejan un deterioro más acelerado que el observado en 2025. De acuerdo con la FEPC, las pérdidas acumuladas durante los primeros cinco meses del año ya equivalen al 103,4% de todo el impacto económico registrado en la pasada gestión.
“En apenas cinco meses, Cochabamba ya perdió más por bloqueos que durante toda la gestión 2025. Esta escalada confirma que la conflictividad vial se ha convertido en un factor estructural de daño económico”, señala el informe.
La entidad empresarial atribuye el impacto a la posición estratégica que ocupa Cochabamba dentro de la red logística nacional. El departamento conecta los mercados del occidente y el oriente, además de vincular al trópico, los valles y el sur del país, por lo que cualquier interrupción de carreteras repercute de manera inmediata en el transporte de mercancías, insumos y personas.
El estudio advierte que los bloqueos generan efectos en cadena sobre toda la economía. Entre las principales consecuencias identifica la paralización de operaciones logísticas, el desabastecimiento de productos, el incremento de costos de transporte y distribución, la reducción de liquidez en las empresas y una creciente incertidumbre para las inversiones y la actividad productiva.
La FEPC sostiene que las restricciones al tránsito afectan especialmente a productos perecederos, alimentos frescos, medicamentos, combustibles e insumos médicos, cuya distribución depende de la conectividad vial. Asimismo, señala que las micro, pequeñas y medianas empresas son las más vulnerables debido a sus limitadas capacidades financieras para soportar periodos prolongados de interrupción.
Otro aspecto que preocupa al sector privado es la magnitud de la conflictividad social registrada este año. Según el informe, los 671 conflictos acumulados ya superan los registros anuales observados entre 2018 y 2023, además de los reportados durante toda la gestión 2025, acercándose a los niveles más altos registrados en 2024.
Para los empresarios, la situación configura una emergencia económica y logística que compromete la continuidad de las actividades productivas y el abastecimiento de bienes esenciales.
Frente a este escenario, la FEPC pidió a las autoridades nacionales, departamentales y municipales activar todos los mecanismos institucionales disponibles para restablecer la transitabilidad en las carreteras y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de la población.
La organización advirtió que, de mantenerse la actual dinámica de bloqueos, los efectos sobre la economía regional podrían profundizarse durante los próximos meses, con mayores impactos sobre la producción, el empleo y el costo de vida de las familias cochabambinas.
El Deber