Tras dos jornadas de trabajo, Bolivia y Brasil sellaron 31 compromisos conjuntos contra el narcotráfico, el lavado de activos y la lucha contra las estructuras criminales transnacionales. en la cumbre, que se realizó en la capital cruceña, participó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano. Para la autoridad, la reunión demostró que el país dejó atrás años de aislamiento regional y volvió a ser un “socio confiable” en seguridad.
La autoridad reveló que los acuerdos alcanzados durante la XIII Comisión Mixta sobre Drogas y Temas Conexos Bolivia–Brasil incluyen responsables, plazos y mecanismos de seguimiento semestral, en un contexto marcado por el avance de organizaciones como el Primer Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho, además de las redes vinculadas al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
“Bolivia y Brasil comparten más de 3.400 kilómetros de frontera y eso implica una enorme responsabilidad. El narcotráfico no reconoce límites territoriales y por eso el trabajo coordinado es fundamental”, afirmó Justiniano en entrevista con el programa ON- Otra Noche con Sissi de EL DEBER.
Cooperación inédita en erradicación de cultivos
Uno de los principales avances anunciados por el Gobierno boliviano consiste en el inicio de cooperación técnica con Brasil en tareas relacionadas con cultivos ilegales y erradicación de coca excedentaria. Un tema que, según Justiniano, nunca antes había sido abordado de manera formal en este tipo de reuniones bilaterales.
“Brasil nos ha manifestado que puede colaborar en planificación, monitoreo, intercambio técnico y análisis de información. Esto abre un camino importante porque no solo se trata de interceptar droga, sino también de reducir la producción”, sostuvo.
La autoridad explicó que el objetivo es atacar el problema desde el origen, tomando en cuenta que las tareas de interdicción apenas logran frenar una parte del tráfico ilícito.
El foco puesto en el dinero del narcotráfico
Otro de los ejes centrales de la reunión fue el combate al lavado de activos y a las estructuras financieras del narcotráfico. Justiniano remarcó que la captura de Marset fue apenas “el inicio” de una ofensiva más amplia contra redes criminales que operan en la región.
“Si no seguimos el dinero, estas mafias se reconstituyen”, advirtió.
Según explicó, Bolivia y Brasil acordaron intercambiar información sobre testaferros, empresas fachada, movimientos financieros y uso de criptomonedas, consideradas actualmente uno de los principales desafíos para rastrear recursos ilícitos.
La comisión también abordó el uso de rutas aéreas clandestinas utilizadas para transportar droga desde Perú y Bolivia hacia territorio brasileño. Justiniano señaló que parte de los cargamentos hacen escalas en zonas del Beni y del trópico cochabambino antes de cruzar la frontera.
En ese marco, ambos países iniciaron coordinación técnica para mejorar la detección de avionetas y fortalecer el intercambio de inteligencia aérea.
“Hay un trabajo conjunto que debemos profundizar porque el puente aéreo sigue siendo una de las principales rutas del narcotráfico regional”, indicó.
Durante la entrevista, Justiniano también destacó el retorno de Bolivia a espacios internacionales de cooperación antidroga, revelando que el país volvió a participar en reuniones regionales coordinadas por la DEA después de casi dos décadas.
“Bolivia estuvo ausente aproximadamente 18 años de estos mecanismos regionales. Hoy vuelve la confianza porque hemos tomado la decisión de luchar frontalmente contra el narcotráfico”, afirmó.
El viceministro sostuvo que esa nueva política permitió ejecutar operativos contra estructuras criminales de alto valor y fortalecer controles internos mediante pruebas de confiabilidad a efectivos policiales destinados a tareas sensibles.
La XIII Comisión Mixta concluyó este miércoles en Santa Cruz de la Sierra con la participación de autoridades bolivianas y brasileñas, policías antidrogas y representantes diplomáticos, en un escenario regional marcado por el avance de organizaciones criminales transnacionales y el incremento de operaciones vinculadas al tráfico de cocaína en Sudamérica.
El Deber