Cuatro exministros de Defensa de los gobiernos de Evo Morales, Jeanine Áñez y Luis Arce fueron acusados por el Ejecutivo de presuntas irregularidades en la contratación, ejecución y recepción del sistema integrado de 13 radares de vigilancia civil y militar, de los cuales solo llegaron a funcionar dos. Una auditoría interna del Ministerio de Defensa estima que el posible daño económico supera los Bs 1.478 millones.
De acuerdo con la demanda penal, los exministros denunciados son Reymi Ferreira y Javier Zavaleta, de la gestión de Morales; Luis Fernando López, del gobierno de Áñez, y Edmundo Novillo, de la administración de Arce. La querella también incluye a exfuncionarios, responsables técnicos y representantes de la empresa contratista. En total suman 19 exfuncionarios.
El ministro Ernesto Justiniano explicó que el contrato original, suscrito en 2016 con la empresa francesa Thales, establecía un plazo de ejecución de 31 meses. Sin embargo, durante el desarrollo del proyecto se firmaron siete contratos modificatorios en cuatro gestiones ministeriales, que cambiaron plazos, garantías, obligaciones y mecanismos de recepción.
Como resultado, el periodo contractual se amplió de 31 a 82 meses, mientras que la demostración final del sistema se realizó aproximadamente 98 meses después de emitida la orden de proceder.
Los informes técnicos incluidos en la auditoría identificaron diferencias en el funcionamiento de los 13 radares instalados. Dos operaban sin observaciones, nueve funcionaban con observaciones y otros dos no estaban operativos.
Justiniano señaló que estos resultados reflejan una diferencia entre el nivel de ejecución reportado y las condiciones reales del sistema, cuya finalidad era dotar al Estado de capacidades para la defensa y el control del espacio aéreo.
La autoridad también detalló la participación de los exministros en las modificaciones contractuales: Ferreira firmó el contrato original y los dos primeros modificatorios; Zavaleta suscribió el tercero y el cuarto; López, el quinto, y Novillo, el sexto y el séptimo.
El procurador Hugo de León informó que la querella contempla los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
La solicitud presentada ante el Ministerio Público busca que se investigue el posible daño económico, calculado inicialmente en más de Bs 1.478 millones, y se impulsen actuaciones judiciales para posibilitar la anotación de bienes de los involucrados, con miras a una eventual recuperación de los recursos públicos.
REACCIONES
El exministro de Defensa Fernando López afirmó que está dispuesto a comparecer ante la justicia tras la querella penal presentada por el actual titular de esa cartera, Ernesto Justiniano, contra 19 personas por presuntas irregularidades en el caso Sidacta. A través de sus redes sociales, López expresó su disposición a colaborar con la justicia y pidió que se le permita asumir su defensa en libertad.
Agencias