El Comité pro Santa Cruz llamó a defender la democracia y el orden constitucional durante la Asamblea de la Cruceñidad, que reunió en Santa Cruz de la Sierra a representantes cívicos, políticos, empresariales y sociales, para definir acciones frente a las movilizaciones y bloqueos impulsados por sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira. La cita concluyó ayer pasado el mediodía con la aprobación de cinco determinaciones orientadas a fortalecer la institucionalidad, exigir medidas extraordinarias al Gobierno y organizar una marcha nacional prevista para este jueves.
La lectura de las resoluciones estuvo a cargo del presidente cívico, Stello Cochamanidis, quien afirmó que la región permanecerá movilizada ante cualquier intento de desestabilización. El primer punto del pronunciamiento declara a la “cruceñidad” en estado de emergencia permanente para defender la democracia y el Estado de derecho, frente a acciones que, según el documento, buscan quebrar el orden constitucional.
El texto también advierte sobre la participación de intereses sindicales, del narcotráfico y de organizaciones que, según la institucionalidad cruceña, promueven escenarios de confrontación política y social. “No permitiremos el quiebre del orden constitucional y defenderemos la democracia con la vida si fuera necesario”, sostuvo Cochamanidis durante la lectura de las conclusiones aprobadas por unanimidad.
Como segunda determinación, la Asamblea exigió al Gobierno nacional, al Ministerio Público, al Órgano Judicial, a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas aplicar la ley contra quienes promuevan bloqueos, cortes de rutas o acciones destinadas a interrumpir el abastecimiento y la circulación. En ese marco, pidió activar un “estado de excepción sectorizado”, respaldado -según el documento- en el artículo 137 de la Constitución Política del Estado y la Ley 1341 de Estados de Excepción.
Los representantes cívicos sostuvieron que las actuales medidas de presión están afectando la economía y poniendo en riesgo la provisión de alimentos, medicamentos y combustible. Además, señalaron que la conflictividad política amenaza con profundizar la crisis social y económica que atraviesa el país.
Fuerzas democráticas
En paralelo a las resoluciones aprobadas, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo “JP” Velasco, y el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel “Mamén” Saavedra, coincidieron en la necesidad de articular esfuerzos para evitar una mayor confrontación y preservar la estabilidad democrática.
Saavedra cuestionó las movilizaciones que derivaron en pedidos de renuncia del presidente Rodrigo Paz y advirtió sobre un patrón de conflictividad política recurrente. “Esta película ya la hemos visto antes. Aparece un problema, se soluciona, se inventan otro problema y otro más hasta exigir la salida de un gobierno democráticamente elegido”, afirmó durante su intervención.
Por su parte, el gobernador Velasco pidió que Santa Cruz asuma un rol articulador y promueva el diálogo nacional, en lugar de profundizar la confrontación política.
La autoridad departamental también planteó conformar una mesa nacional de estabilización con participación de todas las instituciones y propuso un pacto económico de emergencia para enfrentar la crisis. Velasco sostuvo además que el departamento necesita garantías para mantener sus actividades productivas y evitar nuevos cercos.
El Deber