El sector empresarial y Comité Cívico de Tarija cuestionan el paro de 24 horas del transporte sindicalizado debido a que genera perjuicios y más aún si son con puntos de bloqueos de calles y vías.
La gerente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija (FEPT), Patricia Vargas, dijo que están en desacuerdo con la medida del autotransporte porque tiene impacto directo en el normal desarrollo de las actividades productivas.
Vargas indicó que el sector ha emitido un pronunciamiento que expresa la firme preocupación y rechazo del paro de 24 horas.
El presidente del Comité Pro Intereses de Tarija, Jesús Gira, afirmó que todo bloqueo es una medida que perjudica a las actividades de la población y no es la forma de buscar una solución a demandas sectoriales.
Agregó que el gobierno central debe cumplir sus compromisos asumidos con los diferentes sectores en conflicto social.
«Los que vivimos lejos, en barrios periféricos de la ciudad, somos los más perjudicados y no así los que viven en el centro», comentó una vecina en rechazo al paro del transporte sindicalizado.
El abogado Alexander Kennedy criticó la medida de protesta del autotransporte, cuando la mayoría de los micros y trufis funcionan a gas natural vehicular (GNV) y diésel.
Kennedy expresó su desacuerdo con el paro de la Central Obrera Boliviana (COB) de exigir el incremento salarial después que en enero el gobierno ya lo hizo con el 20% y los únicos que se benefician son los que tienen un sueldo fijo.
«Los que vivimos el día estamos jodidos, no recibimos nada. Como abogado no le puedo decir a un cliente que cobraba Bs 100 y ahora Bs 120, ya no vienen los clientes, por eso la COB no representa ni al Club de Madres», manifestó.
La medida de protesta del autotransporte tuvo su efecto en la Gobernación tarijeña que postergó la posesión del nuevo gabinete que acompañará la gestión de la gobernadora María René Soruco.
El sector empresarial, a través de su pronunciamiento, instó a los sectores movilizados a activar mecanismos de diálogo efectivos e inmediatos que permitan atender las demandas sin perjudicar al conjunto de la ciudadanía.
El Deber