En medio del cerco a la ciudad de La Paz con el bloqueo indefinido de carreteras, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, expresó este martes su “profunda preocupación” por este escenario de “alta tensión” y pidió la habilitación de corredores humanitarios.
“Exhortamos a todos los sectores movilizados a garantizar corredores humanitarios para el tránsito irrestricto de ambulancias, medicamentos, alimentos, combustibles e insumos esenciales para la población”, dijo el Defensor.
Callisaya consideró que el país necesita con urgencia reconstruir espacios de diálogo real y efectivo, e instó al gobierno del presidente Rodrigo Paz a realizar otro encuentro nacional tal como hizo el pasado sábado en la ciudad de Cochabamba.
“Alentamos hace varios días a que el gobierno promoviera un diálogo multiactor y celebramos que se hubiese llevado adelante (en Cochabamba). Sin embargo, la coyuntura de conflictividad, que atraviesa el país y que genera un sobrecalentamiento social, impulsa a que el Gobierno celebre otro encuentro nacional con los sectores sociales movilizados para reencauzar actitudes y reestablecer puentes”, agregó.
El funcionario señaló que el diálogo no es debilidad, sino “responsabilidad democrática” y reafirmó la “disposición permanente” de la Defensoría del Pueblo para acompañar los procesos de diálogo, pacificación y protección de los derechos humanos.
“Bolivia no necesita que unos hablen sobre otros, Bolivia necesita que unos hablen con otros”, remarcó.
Varias carreteras del país se encuentran bloqueadas, pero la región más afectada es el departamento de La Paz, donde, desde la semana pasada, se radicalizaron las medidas de presión en contra del Gobierno con la declaratoria del bloqueo indefinido de caminos.
Esta extrema medida de presión es liderada por organizaciones campesinas, que inicialmente, entre otras demandas, pedían la abrogación de la Ley 1720 y la dotación de combustible de buena calidad. Pero ahora algunos de sus dirigentes ya exigen solo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Callisaya recordó que la protesta social es un derecho legítimo, reconocido por la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. No obstante, “ningún derecho puede ejercerse vulnerando otros derechos fundamentales de la población”.
“La democracia protege la protesta, pero también exige preservar la convivencia pacífica, el respeto mutuo y la institucionalidad democrática.
Ninguna reivindicación puede justificar afectaciones al derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, a la libre circulación o a la integridad de las personas. En democracia, las diferencias políticas se resuelven mediante el diálogo y los mecanismos constitucionales. Los gobiernos se constituyen y se reemplazan a través del voto ciudadano”, enfatizó el funcionario.
El Deber