La crisis por la escasez de diésel no solo ha dejado interminables filas en los surtidores y pérdidas millonarias para el aparato productivo. Ahora suma un nuevo elemento: denuncias de un presunto cobro irregular de hasta Bs 2 por litro para acceder al combustible, un mecanismo que, según productores agrícolas consultados por EL DEBER, opera desde hace varios años dentro del sistema de distribución de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para favorecer a grandes compradores.
La denuncia cobró fuerza luego de que productores increparan a un ejecutivo de YPFB durante una reunión realizada en Santa Cruz. En ese encuentro, empresarios y agricultores denunciaron que personas vinculadas al proceso de asignación de combustible estarían ofreciendo el ingreso a listas preferenciales a cambio de un pago adicional por cada litro de diésel.
«Si querés entrar a la lista, tenés que pagar. Como antes era… dos bolivianos», reclamó uno de los productores durante el encuentro, al asegurar que las listas de despacho se publican recién por la tarde, cuando la mayoría de los compradores ya abandonó las plantas de distribución y únicamente permanecen quienes lograron acceder a esos listados.
Ante la acusación, el ejecutivo de YPFB respondió que no tenía conocimiento de esas denuncias. Sin embargo, los productores insistieron en que el problema no es nuevo y que involucra a personas que permanecen dentro de la estructura de la estatal petrolera desde anteriores administraciones.
Una práctica que, según los productores, viene desde la gestión del MAS
El señalamiento más delicado es que este presunto mecanismo no habría surgido con la actual crisis de abastecimiento, sino que se habría instalado durante el anterior gobierno y sobrevivido al cambio de administración.
Un productor cañero consultado por este medio confirmó que el cobro extraoficial era conocido entre quienes adquirían combustible directamente en plantas de YPFB.
«Eso lo veíamos ya el año pasado. Todos los productores que compraban directo de planta conocían esa situación», relató.
Explicó que, conforme comenzó a escasear el diésel, aparecieron diferentes precios de comercialización y, paralelamente, cobros adicionales para acceder con mayor rapidez al combustible.
«Había quienes pagaban un boliviano, otros dos y algunos hasta tres bolivianos por litro, dependiendo de quién hacía el contacto», afirmó.
El productor señaló que la práctica nunca fue denunciada formalmente porque quienes realizaban esos pagos preferían guardar silencio para no perjudicar su acceso al combustible.
«Nadie quiere mostrar a quién pagó o dar los números de cuenta. Pero ahora que a unos les dieron combustible y a otros no, la situación terminó saliendo a la luz», sostuvo.
En la misma línea, el productor soyero Demetrio Pérez aseguró que el cobro irregular era conocido desde la administración del Movimiento Al Socialismo (MAS).
«Desde el gobierno del MAS se venía haciendo este cobro irregular», afirmó.
Según explicó, el mecanismo estaba dirigido principalmente a grandes consumidores registrados para retirar importantes volúmenes de diésel y no a pequeños productores que abastecen mediante turriles o bidones.
Pérez agregó que el dinero presuntamente no era recibido directamente por funcionarios de la petrolera, sino por intermediarios.
«El que recibe ni siquiera parece funcionario de YPFB; parece un palo blanco que cobra en otro lugar», denunció.
La escasez alimenta la corrupción
Los testimonios coinciden en un punto: la falta de combustible creó las condiciones para que aparezcan mecanismos informales de acceso preferencial.
«Si hubiera diésel suficiente, nadie pagaría un peso más. La corrupción nace porque el combustible no alcanza para todos», resumió uno de los productores.
Incluso representantes del sector avícola señalaron que las denuncias son conocidas desde hace años dentro del sector agropecuario.
«Antes era un boliviano y después fueron dos bolivianos por litro. Eso viene desde la época del MAS y los productores agrícolas siempre se han quejado de esa situación», afirmó un dirigente del sector.
Una crisis que golpea toda la cadena productiva
Las denuncias aparecen cuando Bolivia cumple un mes de escasez persistente de diésel, una situación que mantiene largas filas en los surtidores y afecta cada vez más a la economía.
En Santa Cruz, productores cañeros advierten que la falta de combustible ralentiza la cosecha y el transporte de la caña hacia los ingenios. El sector agrícola también reporta dificultades para movilizar maquinaria destinada a la recolección de granos y otras labores de campo.
El problema ya alcanza a otras cadenas productivas. La industria avícola y porcinocultora alertó que la escasez pone en riesgo la distribución de alimento balanceado y el transporte de animales, elevando los costos logísticos y amenazando el abastecimiento de carne y pollo en los mercados.
El transporte pesado también reportó una reducción significativa de sus operaciones por la imposibilidad de abastecer sus unidades, mientras exportadores advirtieron retrasos en el traslado de mercancías hacia los puertos.
Investigación pendiente
Las declaraciones de los productores colocan sobre la mesa una denuncia que, de confirmarse, revelaría la existencia de un sistema paralelo de asignación de combustible que habría sobrevivido a dos administraciones de Gobierno.
Hasta el momento, YPFB no anunció una investigación específica sobre las acusaciones de cobros irregulares. Sin embargo, la difusión pública del caso aumenta la presión para que la estatal petrolera y las autoridades competentes determinen si existió una red que condicionó el acceso al diésel mediante pagos ilegales mientras el país enfrentaba una de las peores crisis de abastecimiento de los últimos años.
El Deber