Un proyecto de Ley de 10 artículos fue presentado por cuatro diputados de la Alianza Unidad. La propuesta apunta a sancionar a organizaciones y personas que participen de marchas y bloqueos. Las sanciones van desde la multa, la pérdida de personería jurídica de una organización y llega hasta la sanción política del que participe en esos actos, todo a cargo del ministerio de Gobierno.
Según el proyecto, toda protesta merecerá un “proceso administrativo” que estará a cargo del ministerio de Gobierno y la Policía que deben elaborar un reglamento después de 20 días de promulgada la norma.
“Se considera proceso administrativo: la marcha, reuniones, cabildos, reclamo de derechos totalmente pacíficos realizadas por 24 horas sin afectar los derechos de terceros, pasada las 24 horas o que afecten los derechos de terceros se considerará delitos establecidos en la ley”, señala el artículo 3 del proyecto.
El proyecto refiere que el ministerio de Gobierno puede definir la pérdida de personería jurídica de una organización que participe de una protesta; puede suspenderla por 90 días; puede prohibir que los máximos ejecutivos no ejerzan cargos dirigenciales en 5 años; los integrantes de base que sean identificados en las protestas no podrán participar en ninguna elección nacional o subnacional por los próximos 5 años.
“El ministerio de Gobierno remitirá a los ministerios y gobernaciones para la baja de la personera jurídica, asimismo a la Contraloría General del Estado que afectará la solvencia fiscal”, señala el inciso 6 del artículo 3 del proyecto.
El proyecto, que ya está publicado en el portal de la Cámara de Diputados, manda al ministerio de Gobierno a identificar a las organizaciones y personas que participaron de las movilizaciones de mayo y junio. Las organizaciones perderían su personería jurídica.
“Establecer una comisión especial mixta Cámara de Diputados y Cámara de Senadores para efectos de aclarar a Bolivia y el mundo la verdad fáctica de los hechos ocurridos en los bloqueos y sus efectos en los meses de mayo y junio 2026, de los resultados se generará recomendaciones de índole normativo y responsabilidades”, señala el artículo 9 del proyecto.
El documento, denominado, “de Responsabilidad y Protección de la Libre Circulación, la Infraestructura Estratégica y el Orden Público”, fue presentado por los diputados, Salma Tobías, María José Soruco, Romel Mercado y Carmen Ruelas.
EL DEBER llamó a los números de los cuatro legisladores, dejó mensajes de WhatsApp y se comunicó con la diputada Ruelas, quien derivó a su colega María Soruco como la autora principal del documento.
El Deber