La Cámara de Diputados prevé abordar desde este lunes el informe final de la comisión que investigó el caso “maletas”, que fue postergado en dos ocasiones. La instancia tratará proyectos sobre depósitos judiciales, la red vial fundamental y patrimonio cultural.
El informe es el primer punto de la agenda semanal y será uno de los asuntos centrales de la sesión de la Cámara Baja.
Entre los proyectos de ley también se encuentra la propuesta de fomento a la producción, comercialización y uso de bioinsumos para la transición agroecológica y la protección de la biodiversidad.
La agenda contempla un proyecto para aprobar la enajenación de un bien inmueble del Gobierno Autónomo Departamental de Pando a favor de la Policía Boliviana.
Los legisladores tienen previsto continuar con el análisis detallado del proyecto de ley sobre prescripción y consolidación de depósitos judiciales, además de considerar una norma que modifica la figura del martillero judicial.
Otro de los puntos establece declarar de interés y prioridad nacional la incorporación del tramo carretero Riberalta-La Esperanza a la Red Vial Fundamental.
La agenda contiene también una propuesta para transferir un bien inmueble del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba a favor de la Policía Boliviana, con destino a la construcción del edificio de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV).
En materia económica y energética, los diputados considerarán un proyecto que declara de interés público y prioridad nacional la ejecución del Programa de Inversiones para la Transición Energética del Norte Amazónico Boliviano.
Asimismo, está un proyecto de ley sobre apoyo presupuestario financiero excepcional a favor de los gobiernos autónomos departamentales.
La agenda contiene dos propuestas de declaratoria de patrimonio cultural e inmaterial del Estado Plurinacional: el “Arete Guasu, Fiesta Grande del Pueblo Guaraní” y la festividad de San Mauro, del municipio de Tomina, Chuquisaca.
Finalmente, la Cámara Baja tiene previsto analizar un proyecto sobre reparación civil por daños a los bienes del Estado y la Red Vial Fundamental.
La Razon