El Gobierno nacional anunció ayer cuatro ejes de trabajo para avanzar en la implementación de la Agenda 50/50, la propuesta de redistribución de recursos y competencias entre el nivel central y las regiones. La hoja de ruta será considerada este miércoles en Sucre por el presidente Rodrigo Paz Pereira y los nueve gobernadores, aunque trascendió que algunas gobernaciones mantienen observaciones al documento y advirtieron que podrían no refrendar el acuerdo si sus planteamientos no son incorporados.
La definición surgió tras una reunión técnica desarrollada en el edificio de Entel, donde representantes del Ejecutivo y de siete gobernaciones trabajaron durante varias horas en la denominada ruta crítica para la implementación del nuevo modelo de descentralización. Por Santa Cruz participaron el secretario de Hacienda, José Luis Pérez; el asesor general Mario Aguilera; y el vocero de la Gobernación, Rolando Schrupp.
Al concluir el encuentro, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, explicó que existe coincidencia entre el Gobierno y las gobernaciones en cuatro aspectos considerados esenciales para construir el nuevo esquema autonómico. El primero consiste en eliminar las condicionalidades del gasto que obligan a los gobiernos departamentales a financiar competencias impuestas desde el nivel central, una práctica que calificó como contraria al principio de autonomía.
El segundo eje apunta a establecer nuevos criterios para distribuir los ingresos públicos. Según Espinoza, el criterio poblacional seguirá siendo importante, pero deberá complementarse con indicadores de eficiencia administrativa, esfuerzo fiscal, equilibrio financiero y justicia distributiva para una mejor gestión.
El tercer componente plantea un programa de alivio financiero para gobernaciones y, posteriormente, municipios. La propuesta contempla mecanismos voluntarios de reprogramación y refinanciamiento de deudas, con el propósito de aliviar la presión que actualmente ejerce el servicio de la deuda sobre los presupuestos subnacionales y recuperar liquidez para inversión pública.
El cuarto eje propone revisar y desmontar el marco legal que, a juicio del Ejecutivo, profundizó el centralismo durante los últimos años. Espinoza sostuvo que será necesario modificar o incluso abrogar normas que restringen las capacidades presupuestarias y administrativas de gobernaciones y municipios, aclarando que el 50/50 será un proceso gradual.
Incorporaciones
El viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, señaló que la agenda también incorporará a municipios y autonomías indígena originario campesinas, para construir una reforma consensuada que trascienda la actual gestión gubernamental. En la misma línea, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que el objetivo es consensuar una nueva estructura estatal que permita “clausurar” el centralismo y fortalecer la capacidad de respuesta de las regiones.
El gobernador de Chuquisaca, Luis Ayllón, había anticipado que las gobernaciones propondrán una nueva distribución de la coparticipación tributaria y medidas de alivio a las deudas, insistiendo en que el encuentro debe traducirse en decisiones concretas para profundizar las autonomías. No obstante, fuentes vinculadas a las negociaciones señalaron que varias gobernaciones consideraron insuficientes algunos alcances de la propuesta, y bajo amenaza de no suscribir el documento, lograron su modificación.
El Deber