La detención de Róger Mariaca, quien como fiscal general pudo liderar una red protección al narcotráfico, reavivó la controversia de su elección en 2024. Legisladores y exparlamentarios que lo designaron intercambian acusaciones sobre presuntos pagos por votos, amenazas y acuerdos políticos que pudieron haber facilitado su llegada al Ministerio Público.
La polémica surgió tras las declaraciones de la exdiputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luciana Campero, quien acusó a dirigentes de esa alianza y al actual diputado de Unidad, Carlos Alarcón, de respaldar a Mariaca a pesar de las irregularidades que, según ella, rodearon el proceso. Afirmó también que recibió presiones para retirar una acción de inconstitucionalidad presentada ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para frenar esa elección en la Asamblea.
“Un alto dirigente de Comunidad Ciudadana me llamó por encargo de Alarcón. Me dijo: ‘Luciana, por favor, retira el recurso. Carlos Alarcón me dio su palabra. Mariaca no tiene los dos tercios’”, relató Campero. “Confié y retiré la acción”, añadió tras recordar el episodio que tuvo lugar hace casi dos años en la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuando el Movimiento Al Socialismo (MAS) controlaba las dos cámaras.
Alarcón negó las acusaciones. “Esta exdiputada se está inventando y niego totalmente lo que ella dice”, declaró a EL DEBER. Recordó que CC calificó de “desatino total” acudir a magistrados del TCP cuyo mandato estaba prorrogado y sostuvo que Campero retiró el recurso al advertir que su actuación la deslegitimaba.
El diputado y otros exlegisladores aludidos argumentan que acudir a esos magistrados implicaba reconocer su autoridad. Afirmaron, además, que esa continuidad institucional también habría favorecido la permanencia del entonces fiscal general Juan Lanchipa, cuyo mandato estaba por concluir.
Los votos bajo sospecha
Pese a sus diferencias, Campero, Alarcón y el exjefe de bancada de CC, Enrique Urquidi, coinciden en señalar una articulación detrás de la elección de Mariaca. Según sus versiones, sectores del MAS vinculados al evismo y al arcismo, disidentes de CC y representantes de Creemos habrían sumado fuerzas para su designación.
El 21 de octubre de 2024, Mariaca fue elegido fiscal general con 115 votos de 161 asambleístas presentes. Sus críticos atribuyen el resultado a un supuesto “acuerdo de impunidad” para controlar la Fiscalía, una denuncia aún no probada.
Campero aseguró que operadores políticos repartían pagos y bolígrafos de tinta borrable para asegurar los apoyos. Según su relato, algunos asambleístas fotografiaban sus votos antes de salir a “cobrar”.
Urquidi sostuvo que en el Parlamento era un secreto a voces la presencia de un equipo que gestionaba votos para Mariaca mediante dinero y prebendas. “Puedo asegurar que sí hubo dinero y otro tipo de prebendas de Mariaca y de su equipo operador dentro de la Asamblea”, declaró a EL DEBER.
El exjefe de bancada añadió que ya se comentaban presuntos cobros ilegales y protección al narcotráfico durante la gestión de Mariaca al frente de la Fiscalía de Santa Cruz. A pesar de esos señalamientos, el candidato superó la evaluación de la Comisión Mixta de Justicia e ingresó en la lista final de habilitados.
Para Urquidi, Mariaca representaba la apuesta de sectores del MAS por “proteger y resguardar los intereses políticos” del partido. Su relato pone de nuevo en debate los apoyos parlamentarios que hicieron posible aquella elección, cuestionada por las denuncias de presuntos pagos.
El Deber