Una garrafa de Gas Licuado de Petrólero (GLP) cuesta Bs 22,50 en Bolivia y se paga a más de Bs 100 en Perú,. Esa diferencia explica, según el ministro Óscar Mario Justiniano, por qué las redes que antes desviaban diésel y luego gasolina ahora buscan lucrar con el gas de cocina, mientras las familias bolivianas tienen dificultades para conseguirlo.
“Las mafias siguen presentes”, afirmó Justiniano al presentar, junto al ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, los resultados de la intervención de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Sostuvo que los camiones distribuidores salen con acompañamiento policial para reforzar la vigilancia, principalmente en La Paz y El Alto.
El contraste de precios fue parte de su explicación sobre el incentivo al comercio ilegal. Sin embargo, no precisó el peso de las garrafas ni las condiciones de venta en Perú. La comparación expuesta por el ministro apunta al margen que, según el Gobierno, atrae a quienes desvían el producto del mercado interno.
Blanco describió el mecanismo: las garrafas salen con un destino asignado, pero no llegan. Las denuncias permiten activar operativos y localizar cargamentos fuera de sus rutas. Mencionó casos en Beni, Sucre y El Alto y denunció participación dentro de la cadena de distribución.
“Hay complicidad de la gente que está llevando las garrafas, complicidad con la gente de Yacimientos”, señaló. Añadió que en Sucre se detectó participación de personal de YPFB y de la ANH y que se retiró a funcionarios del ente regulador.
El balance oficial reportó 659 garrafas decomisadas, entre ellas 223 en la Terminal Interdepartamental de El Alto. Justiniano vinculó los controles con la necesidad de impedir que el producto termine en circuitos ilegales y rechazó las versiones sobre un incremento de su precio.
Pero los desvíos no fueron la única dificultad reconocida en la conferencia. Consultado sobre una menor entrega a distribuidores, Blanco admitió que la semana pasada hubo un problema que redujo el suministro. Aseguró que esta semana volvió a la normalidad.
La vigilancia también alcanzó a la gasolina. Hasta el 18 de octubre, la ANH había bloqueado 10.781 placas de vehículos por cargas reiteradas o anormales. Blanco sostuvo que parte de la reventa se realiza con motorizados que funcionan con GNV: cargan gasolina, circulan a gas y venden el combustible líquido.
El ministro afirmó que se mejoró el sistema de control y que las verificaciones incluyen lectores utilizados en operativos. El bloqueo de una placa es una medida de control; no equivale por sí solo a una sentencia por venta ilegal de carburantes.
Los operativos dejaron además 14.097 litros de gasolina decomisados. Entre los casos destacados figura el hallazgo de 13.000 litros acopiados ilegalmente en Sucre, según Blanco. Las autoridades advirtieron que los operadores involucrados también enfrentarán medidas administrativas.
Las sanciones anunciadas van desde la suspensión temporal hasta la pérdida de licencia por reincidencia.
La intervención incluyó cambios en los trámites. Justiniano informó de 57 autorizaciones en 46 días, frente a 25 en 74 días antes de la época anterior. Además, 22 estaciones de servicio ya pueden importar combustible según Justiniano. El Gobierno prevé sumar operadores para ampliar el suministro.
Blanco anunció que una consultora y la comisión interventora recomendarán la reorganización del regulador.
El Deber