El Gobierno intensificó ayer las negociaciones con organizaciones del transporte por la eliminación de la subvención al diésel. Tres ministros lideraron en La Paz una reunión con la Confederación Nacional del Transporte Libre y acordaron abrir mesas técnicas, mientras un equipo del Ejecutivo logró desactivar la amenaza de los cisterneros de suspender la distribución de los combustibles.
La reunión con el Transporte Libre duró cerca de tres horas y contó con los ministros de Obras Públicas, Mauricio Zamora; de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y de Trabajo, Williams Bascopé. Los dirigentes expusieron demandas regionales y el encuentro terminó sin acuerdos, pero con agenda abierta. “A nosotros nos gusta ser operativos, les propongo un cuarto intermedio, armar las mesas de trabajo ya no más”, planteó el ministro Zamora.
La agenda continuará hoy, a las 09:00, en Cochabamba, donde la ATT y dirigentes del sector analizarán las tarifas interdepartamentales. También se acordaron reuniones con la ABC y Vías Bolivia. Bascopé informó que la próxima semana se abrirán mesas sobre hidrocarburos y economía, mientras Gobierno atenderá reclamos por la inseguridad.
Bascopé señaló que varios representantes llegaron con propuestas, entre ellas apoyo para la conversión de vehículos a gas y la compra de autos eléctricos. Según el ministro, el Estado destinaba más de Bs 50 millones por semana a la subvención de carburantes.
Pero siguen abiertos otros frentes. La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia convocó para las 10:30 de hoy en Santa Cruz, a un ampliado nacional que definirá medidas frente al DS 5716 con el que se eliminó toda la subvención para el diésel. Su ejecutivo, Lucio Gómez, exige la anulación de la norma y anticipó posibles movilizaciones y reajustes de tarifas por el incremento de los costos de operación para todo el sector.
A este escenario se suma el transporte pesado nacional e internacional. Parte de sus operadores decidió mantener sus camiones parados porque considera que, con el diésel a Bs 17,95 por litro, los fletes actuales ya no cubren sus costos. También mantienen advertencias de protesta transportistas de los valles cruceños y organizaciones campesinas y cocaleras, afines al evismo.
En ese contexto, la medida también generó reacciones políticas. La diputada del PDC Claudia Bilbao respaldó la eliminación de la subvención y afirmó que “no podemos retroceder”, aunque pidió medidas paliativas para sectores vulnerables. Desde Unidad, Julieta Jiménez consideró necesaria la decisión, pero reclamó controles contra la especulación. El gobernador cruceño Juan Pablo Velasco propuso suspender por 90 días el cobro de los tributos del IVA (Impuesto al Valor Agregado) y el IT (Impuesto a las Transacciones) para importadores y comercializadores de diésel, con la expectativa de reducir unos Bs 2,50 por litro al consumidor final.
Mientras avanzan las negociaciones que continuaban con sectores regionales, el Gobierno desplegó a policías y militares a las carreteras ante las amenazas de bloqueo. En La Paz fueron movilizados cerca de 800 efectivos y también se enviaron contingentes a la ruta Cochabamba-Oruro.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, recordó que el estado de excepción permite protestas pacíficas, pero no cierres de vías. “Si es necesario el uso de la Policía y de los militares, lo haremos”, advirtió ante amenazas de sectores que llegaron desde el trópico de Cochabamba, un sitio estratégico en la ruta que vincula al occidente y zonas productivas del oriente.
Entre mayo y junio, se produjo una crisis con bloqueos que generaron millonarias pérdidas.
Proponen subsidiar el pasaje del transporte público
El diputado del PDC Manolo Rojas anunció ayer que trabaja en un proyecto de ley para crear un subsidio directo al pasaje destinado a estudiantes de colegio y universidad, adultos mayores y mujeres embarazadas, ante posibles incrementos de tarifas tras la eliminación de la subvención al diésel. La propuesta contempla una tarjeta digital y aportes estatales, y alcanzaría tanto al transporte terrestre como al aéreo.
“Estamos buscando que se pueda subsidiar a través de una tarjeta digital”, explicó Rojas. El legislador plantea que el apoyo se concentre en los usuarios vulnerables y no vuelva al combustible.
También sostuvo que eventuales alzas deben responder a costos reales y cuestionó incrementos indiscriminados en servicios que no utilizan diésel; todo esto a raíz de la eliminación total del precio del diésel para el consumidor.
De hecho, el debate se abrió después de que el Decreto Supremo 5716 fijara el precio del diésel en el país en Bs 17,95 por litro; US$ 1,51 a la cotización actual.
Como referencia regional, al 14 de septiembre el litro de este carburante costaba R$ 6,55 en Brasil (US$ 1,28), 2.323 pesos en Argentina (US$ 1,54), S/ 6,59 en Perú (US$ 1,97) y 8.290 guaraníes en Paraguay (US$ 1,40).
El Deber