El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) recibirá formalmente este jueves, 3 de septiembre, el informe elaborado por la Misión de Alto Nivel que visitó Bolivia para evaluar la crisis política y social provocada por 53 días de movilizaciones y bloqueos contra el gobierno de Rodrigo Paz.
La exposición está incluida en la sesión ordinaria convocada para las 14:30, hora boliviana, en el salón Simón Bolívar de la sede de la OEA, en Washington. El organismo también conocerá un informe sobre la visita del secretario general, Albert Ramdin, a Haití y comenzará los preparativos de la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores. La sesión será transmitida en directo, según la convocatoria oficial.
El Consejo Permanente está integrado por un representante de cada uno de los 34 Estados miembros activos de la OEA. Cada país tiene derecho a un voto. La sesión será dirigida por el embajador de Dominica, Steve Ferrol, actual presidente de esa entidad.
La presentación cerrará el trabajo iniciado por la misión que estuvo en La Paz y Santa Cruz de la Sierra los días 29 y 30 de julio, por invitación del Gobierno boliviano y en cumplimiento de una resolución aprobada el 24 de junio por la Asamblea General de la OEA. Esa resolución rechazó los actos de violencia, respaldó al Gobierno constitucionalmente elegido y llamó a resolver las diferencias mediante el diálogo.
La delegación estuvo integrada por el secretario general Albert Ramdin; el canciller panameño Javier Martínez-Acha; el secretario interino de Relaciones Exteriores de Argentina, Juan Manuel Navarro; la jefa de la Oficina para Bolivia de Canadá, Laurie Rogers; el director de la División de América del Sur de la Cancillería chilena, Fernando Velasco; el subsecretario adjunto de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Michael Hanky; y los embajadores ante la OEA de Perú y Uruguay, Rodolfo Coronado y Edison Lanza, respectivamente. La composición fue detallada por la OEA.
Durante su visita, los delegados se reunieron con el presidente Paz, ministros y representantes de los órganos Legislativo, Judicial y Electoral, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, organizaciones sociales e indígenas, sindicatos, empresarios, académicos, transportistas y medios de comunicación.
En un balance preliminar, la misión destacó el “diálogo franco y abierto” sostenido con los distintos sectores y anunció que las propuestas recogidas serían incorporadas al informe que ahora llegará al Consejo Permanente.
Al concluir la visita, Ramdin sostuvo en Santa Cruz que Bolivia necesita “grandes reformas”, pero advirtió que estas deben surgir de “un gran diálogo” y de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas y sociales.
Los siete gobiernos integrantes de la misión también emitieron una declaración conjunta en la que expresaron preocupación por el impacto de los bloqueos violentos y consideraron que los intentos de derrocar al Gobierno democráticamente elegido constituían una amenaza para el orden constitucional. El Departamento de Estado estadounidense difundió esa declaración, pero no emitió una moción independiente. El pronunciamiento expresó solidaridad y respaldo al Gobierno de Paz e instó a priorizar la negociación dentro del marco constitucional.
La crisis comenzó con demandas económicas y sectoriales, pero posteriormente incorporó el pedido de renuncia del mandatario. La Central Obrera Boliviana, la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari y sectores vinculados con Evo Morales impulsaron bloqueos que se extendieron durante 53 días, principalmente en el occidente y centro del país.
El conflicto provocó desabastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal. El balance actualizado de la Defensoría del Pueblo registró 22 fallecidos y 88 heridos, una cifra superior al reporte preliminar de 16 muertes manejado inicialmente. De los fallecidos, 19 fueron identificados como terceros afectados y tres murieron en circunstancias vinculadas con operativos de desbloqueo, según el informe defensorial.
La Cámara Nacional de Industrias informó a la misión de la OEA que las pérdidas económicas superaron los $us 3.000 millones, con más de 13.000 industrias y 150.000 trabajadores afectados. El Gobierno, por su parte, calculó en más de Bs 14.000 millones los ingresos perdidos durante el conflicto.
El 20 de junio, luego de alcanzar acuerdos con la COB y otros sectores, Paz declaró un estado de excepción por 90 días. La medida permitió el despliegue conjunto de policías y militares para liberar las carreteras y restablecer el abastecimiento.
Bolivia tiene como nuevo embajador designado ante la OEA a José Luis Lupo, quien ejerció como ministro de la Presidencia durante la crisis y participó en las negociaciones con los sectores movilizados. Su nombramiento fue aprobado por el Senado el 13 de agosto. Su traslado a Washington produjo un ajuste en el gabinete: Fernando Aramayo dejó la Cancillería para asumir el Ministerio de la Presidencia y Héctor Huanca fue posesionado como canciller.
No obstante, hasta este martes, el directorio público de representantes permanentes de la OEA todavía mostraba el puesto de Bolivia sin el nombre de Lupo, por lo que su acreditación formal aún no estaba reflejada en esa plataforma.
El Deber