La balacera del sábado 24 de octubre en Concepción reveló, según las primeras pesquisas, una red de narcos y sicarios que operaba en Santa Cruz y protegía a la red de Marset. Su presunto jefe, el brasileño Engri Júnior de Almeida Maia, de 38 años, alias ‘Júnior Trindade’, el ‘Pablo Escobar de Goiás’, que permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado, tras recibir un disparo en la cabeza.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y el comandante policial Adrián Álvarez presentaron este lunes resultados preliminares de una pesquisa apoyada por Brasil y la DEA. Para Oviedo, la estructura puede superar a la que dirigía el narcotraficante uruguayo. “Suponemos, por las informaciones que estamos recibiendo del Brasil, que esta era una organización más grande que la de Sebastián Marset”, afirmó.
Enfrentamiento
El sábado 24 de octubre, un grupo de agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) seguían al grupo con apoyo de helicópteros y drones. Los sospechosos detectaron la vigilancia y abrieron fuego para escapar. El choque tuvo lugar cerca del cementerio de Concepción. De los cuatro brasileños que viajaban en una camioneta, una Ford Raptor del año 2024, tres huyeron y uno quedó gravemente herido. Los demás siguen prófugos.
Álvarez identificó a Júnior Trindade como “un objetivo criminal de alto valor”. Dijo que llegó a Bolivia en 2021 con identidad falsa y que desde 2008 ascendió en redes criminales de Goiás vinculadas al PCC. Investigadores brasileños lo consideran fundador de la Associação Amigos do Estado (ADE), facción surgida hace una década en la región de Goiânia. El viceministro de Lucha Contra el Narcotráfico Dorian Badani aseguró que Trindade tenía más de 20 casas en Santa Cruz.
“Esta estructura criminal permitió generar vínculos y relaciones criminales con la estructura de Sebastián Marset”, sostuvo Álvarez. Explicó que la ADE brindaba seguridad a cargamentos de cocaína transportados en avionetas y protección a otras bandas. La ruta llegaba a Brasil y hay evidencia que de allí embarcaba a Europa. El comandante también mencionó una estructura llamada “Tercer Comando Puro de Goiás”, cuyos alcances aún investiga la Policía.
Oviedo atribuyó al brasileño unos 40 sicariatos en su país y entre 12 y 15 en Bolivia. Relacionó a la organización con la ejecución de dos brasileños en Valle Sánchez y el asesinato de Jonathan López Rodríguez, hijo del alcalde de San Ramón. Aludió también a choques en San Ignacio y San Matías y a un policía asesinado.
Además, fue aprehendida Larissa Ribeiro de Oliveira, identificada por el ministro como pareja y presunta colaboradora del brasileño. Los agentes secuestraron un fusil Taurus calibre 7,62, 504 gramos de marihuana, tres camionetas, una cuadratrack, una motocicleta, siete motos acuáticas, cuatro canoas, tres kayaks, aparatos electrónicos y joyas. Álvarez afirmó que el despliegue todavía no ha concluido.
El episodio ocurre un mes después de la captura en Santa Cruz de otros dos cabecillas del PCC. Roberto Prieto Filho, alias “Betinho”, y Márcio Barbosa da Silva, ‘Beiço de Mula’. El 10 de octubre, Fábio Pinheiro Lopes, jefe del Departamento de Operaciones Policiales Estratégicas (DOPE) de São Paulo, relató en True Crime, de SBT News, que vivían con lujo en Santa Cruz.
Lopes contó que agentes brasileños se infiltraron en un gimnasio para vigilarlos, pero fueron descubiertos. “Alguien del gimnasio pasó los nombres y las fotos de nuestros policías”. También denunció que Betinho fue avisado luego de que se solicitara una orden judicial de allanamiento. Según su testimonio, el sospechoso retiró armas y vehículos del inmueble antes del operativo. No se ha identificado al autor de la supuesta filtración.
El detective brasileño cuestionó las dificultades para registrar inmuebles y señaló que había más fugitivos en Santa Cruz. “Si tuviéramos la posibilidad de quedarnos más tiempo allá junto con la Felcn, era como pescar en una pecera. En vez de traer a dos, habríamos traído a 20”, declaró. También se refirió a presuntas redes de protección policial y fiscal y mencionó a Róger Mariaca, ex fiscal general.
Según investigaciones brasileñas, la ADE movió al menos 70 millones de reales (unos 12 millones de dólares) mediante un banco digital vinculado al PCC. El Ministerio Público de Goiás calcula que sus operaciones acumuladas podrían llegar a 1.000 millones de reales (181 millones de dólares).
“Bolivia no va a ser refugio de organizaciones criminales”, afirmó Oviedo. Álvarez prometió más operativos.
El Deber