Tras una imputación de 20 páginas, la evidencia detectada por la Fiscalía, además de dos audiencias cautelares —una de ellas de más de 14 horas— comenzaron a aparecer los primeros trazos de la estructura que pudo sustentar a la denominada ‘red Roma’, así conocida al interior del Ministerio Público por las dos sílabas del acrónimo de Róger Mariaca, el exfiscal y principal investigado.
Se trata, según estos datos y declaraciones de personeros del Gobierno, de una estructura con funciones diferenciadas. Por una parte, una cabeza con poder institucional, fiscales de estrecha confianza ubicados en puestos clave y un enlace policial que “movía el dinero” destinado a comprar protección de grupos delictivos.
En la cúspide aparece el propio Mariaca. Primero como fiscal departamental de Santa Cruz y luego como fiscal general, desde allí pudor tener la capacidad para influir en investigaciones sensibles, designar colaboradores y garantizar cobertura desde el Ministerio Público. La Fiscalía sostiene, en su imputación, que la estructura ofrecía a Sebastián Marset “información anticipada sobre operativos y protección institucional” a cambio de pagos “de hasta $us 500.000 mensuales”. El dato fue proporcionado por el propio Marset que no negó una relación con Eduardo Del Castillo, otra de las piezas de la red investigada.
Debajo estaban fiscales cercanos. Alberto Zeballos sucedió a Mariaca en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz pocos días después de que éste asumiera la Fiscalía General en 2024 y fue descrito como uno de sus colaboradores estrechos. Más tarde, Mariaca lo puso al frente de una comisión especial para revisar los procesos contra Marset.
La investigación actual le atribuye un papel de “protección desde la Fiscalía cruceña”.
El caso de Martín Irusta muestra otro componente que tiene que ver con el control interno. Mariaca lo designó fiscal superior en febrero de 2026 sin convocatoria, según la imputación. Los investigadores sostienen que no cumplía parámetros de idoneidad y calificación y que, aun así, terminó coordinando actividades nacionales e interviniendo en causas relevantes que no correspondían a sus funciones. Antes de su nombramiento enfrentó una pesquisa por enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas que, según informes policiales citados por la Fiscalía, fue cerrada “tras presiones de altas autoridades”. Ese mecanismo ayuda a entender la referencia al “amiguismo”, mencionado por otras autoridades recientemente.
El fiscal general interino José Armando Urioste anunció una revisión de esas designaciones y afirmó que dentro de la Fiscalía hubo nombramientos por “compadrerío” y “amiguismo”, donde “el amigo le tapa el problema al otro amigo y así se armó la red”.
Fuera del Ministerio Público aparece el mayor Rubén Aparicio. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, lo señaló ayer como “el hombre que transportaba el dinero” utilizado “para coimas y sobornos”. La imputación lo ubica como “brazo de protección policial e intermediario para conectar a Marset”.
Aparicio no era un nombre nuevo. En 2022 participó en la entrega de Misael Nallar, principal acusado por el asesinato de dos policías y un voluntario del Gacip en Porongo. Después fue investigado por sus comunicaciones y posibles vínculos con personas relacionadas con ese caso, aunque negó participación en el crimen y quedó en libertad.
Oviedo agregó que la pesquisa detectó conexiones con sectores financieros, inmobiliarios y otros policías, lo que abre la posibilidad de nuevos implicados.
Mariaca rechazó estas acusaciones y su abogado, Jerjes Justiniano, calificó “de político” porque las evidencias, especialmente el dinero, deben demostrar si están ligadas a un ílicito.
El Deber