La Fiscalía de La Paz activó 29 procesos penales y mantiene a 29 personas en calidad de aprehendidas por los hechos de violencia y vandalismo registrados el lunes, 18 de mayo, en distintos puntos de la sede de Gobierno, en medio de las protestas impulsadas por sectores que buscan forzar la caída del gobierno del presidente Rodrigo Paz.
El coordinador de la Fiscalía Departamental de La Paz, David Tórrez, informó este martes que un total de 130 personas fueron intervenidas tras la jornada de disturbios, de las cuales 101 quedaron inicialmente arrestadas y posteriormente recuperaron su libertad tras cumplirse el plazo de ocho horas que establece el procedimiento penal.
“Se ha puesto en conocimiento hasta esta mañana (martes) ante las fiscalías especializadas un total de 29 procesos. La Policía Boliviana ha procedido a la aprehensión de 29 personas. Las demás personas se encontraban en calidad de arrestadas”, explicó la autoridad fiscal.
Tórrez precisó que las investigaciones fueron abiertas por delitos de instigación pública a delinquir, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, destrucción o deterioro de bienes del Estado, homicidio en grado de tentativa, robo agravado y lesiones graves y leves.
“Todo este conjunto ya está siendo objeto de actuaciones investigativas por el Ministerio Público. Con estas actuaciones serán puestas a conocimiento de las autoridades judiciales correspondientes para establecer su situación jurídica”, señaló.
La respuesta judicial se produce después de la jornada de alta tensión que vivió La Paz el lunes, cuando grupos movilizados protagonizaron ataques contra bienes públicos y privados, agresiones a ciudadanos, periodistas y efectivos policiales.
El Gobierno y la Policía sostienen que los disturbios no respondieron a una protesta convencional, sino a acciones violentas con fines desestabilizadores. En ese contexto, el Ejecutivo ya anticipó procesos contra manifestantes y dirigentes, mientras la Policía reforzó su despliegue en La Paz y El Alto ante reportes de nuevas movilizaciones.
Como antecedente, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) informó que hizo seguimiento a la situación de los detenidos y confirmó que 28 personas permanecían aprehendidas hasta la mañana de este martes, a la espera de una eventual imputación formal y audiencia cautelar.
Kurmi Rocha, miembro de la APDHB, aclaró que la institución no avalará conductas delictivas.
“No vamos a defender actos delictivos. Todo acto delictivo debe ser sancionado e investigado”, afirmó.
No obstante, también advirtió posibles irregularidades en algunos procedimientos policiales.
“Hubo personas que fueron detenidas por el simple hecho de transitar o de estar vestidas con indumentaria de provincia; esas ya son detenciones ilegales que no corresponden”, observó.
La Fiscalía ahora deberá sustentar los elementos de convicción para definir si los aprehendidos serán imputados formalmente y sometidos a medidas cautelares.
El Deber