“Las mafias se asentaron durante años en Santa Cruz y obtuvieron protección de la Fiscalía”. Con esa frase, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, presentó ayer un balance sobre la situación de inseguridad y anunció que trabajará desde esta región para enfrentarlas con las entidades públicas y civiles del departamento. Además, el presidente Rodrigo Paz pidió apoyo militar durante el aniversario de la Escuela Naval de Cochabamba. “Nuestras Fuerzas Armadas tienen que ser parte de la construcción de la seguridad para salvar a la patria del crimen organizado”, declaró en ese acto.

Ambos pronunciamientos se produjeron pocas horas antes de un nuevo brote violento en la capital cruceña. Ayer, una persona fue asesinada “por encargo” y otra fue herida en un asalto. De hecho, el ministro Oviedo había advertido que la dimensión de la criminalidad supera los hechos que llegan a conocimiento público. “La cantidad que me reportaba la Policía es impresionante”, sostuvo. Aseguró que solo durante el fin de semana se esclarecieron entre cuatro y cinco casos en Santa Cruz y que muchos hechos ya no aparecen en la prensa debido al elevado número de delitos que suceden.
Entre los crímenes que se resolvieron citó el secuestro de una veterinaria en Montero, como ejemplo. “No es un grupo de secuestradores que se les ha ocurrido secuestrar a una veterinaria. Esto es la estructura”, señaló.
Pero la preocupación, que ya estaba presente por la ola de sicariatos en Santa Cruz de la Sierra y en una parte de la Chiquitania, creció tras el violento asalto del domingo a una joyería y el asesinato a tiros de un hombre señalado como expiloto del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, cerca del zoológico.
Oviedo alertó que la estructura narcodelictiva —tras la captura de Marset y su posterior expulsión a Estados Unidos— “ahora está derivando en sicariatos, secuestros y asaltos” en Santa Cruz.
La autoridad vinculó esa expansión con el PCC y el Comando Vermelho, organizaciones brasileñas que ahora se disputan rutas del narcotráfico en el país y que fueron declaradas “terroristas” por Estados Unidos. “Hoy se puede decir que Santa Cruz está toda ocupada por los criminales de estas organizaciones”, advirtió.
Recordó que dos cabecillas del PCC capturados estaban radicados en la ciudad. “Vivían en Santa Cruz, compartían con ciudadanos cruceños, iban a los gimnasios donde van hijos y familias cruceñas”, declaró. Atribuyó “esa protección” al anterior gobierno y a la corrupción en la Fiscalía. “Los delincuentes se apropiaron de un organismo del Estado tan importante como es el Ministerio Público”, afirmó.
El exfiscal general Róger Mariaca está detenido preventivamente desde el 5 de octubre en Cantumarca, Potosí, por presuntos vínculos con el narcotráfico y protección a Marset. También está preso el exfiscal departamental Alberto Zeballos. El fiscal general interino José Armando Urioste confirmó la suplencia a Mabel Sandra Andrade en Santa Cruz y ordenó revisar oficinas y sistemas ante posibles filtraciones.
Ayer, los fiscales de Santa Cruz fueron removidos “por la salud institucional” y serán reemplazados por profesionales que habían sido asignados a las provincias. La instrucción llegó en medio de ajustes a escala nacional. En La Paz, fue detenido el coordinador de fiscales, Armando Rojas.
El Deber