El viceministro de Transparencia, Yamil García, denunció este miércoles un nuevo caso de presunta corrupción, esta vez, en la empresa pública Yacana, que fue creada por decreto en 2014 y cuya planta industrial está en el municipio de Laja, departamento de La Paz.
La autoridad, en una conferencia de prensa, dijo que se detectó un “daño económico superior a los 200 millones de bolivianos de los recursos públicos”.
Irregularidades
García explicó que la empresa fue constituida con un contrato de “llave en mano”, que “jamás puede tener un incremento en el monto, sino solamente en el tiempo”, pero en este caso se terminó desembolsando Bs 226 millones cuando el contrato era por Bs 224 millones.
Agregó que también se tenía que entregar maquinaria 100% europea, pero que el 86% es de fabricación china.
Además, según la misma autoridad, se había entregado parte de la maquinaria para “procesar fibra de pelo corto de camello y no de llama”.
Asimismo, se tenían que entregar 116 máquinas en total, pero se evidenció en el lugar solo 90.
Lo que significa que “26 máquinas recibidas y pagadas no existen. Es más, de las 90 que sí existen, 20 jamás funcionaron”, lamentó.
Añadió que, por otra parte, la planta operaba solamente con el 7% de su capacidad y que más del 90% se encontraba “en un estado de ociosidad”.
Del mismo modo, en 2018, se había realizado una adquisición masiva de vellones de fibra, por un monto superior a Bs 4 millones, sin que la empresa tenga la suficiente capacidad de almacenaje, por lo que luego sufrió pérdidas debido a la “humedad excesiva, hongos, polvo y polillas”, señaló.
Estas irregularidades, según el viceministro, provocaron que la “empresa pública ingrese en un colapso crónico”.
Fiscalía
García informó que por este caso se formalizó hoy una denuncia ante el Ministerio Público en contra de cinco personas, entre ellas, dos exgerentes generales y tres ingenieros.
Los exfuncionarios fueron denunciados por la presunta comisión de los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes.
“Estamos solicitando que el Ministerio Público pueda activar todos los mecanismos procesales para asegurar la presencia de los imputados dentro de esta investigación, así como proceder con la anotación de sus bienes y cuentas para que el Estado pueda recuperar este daño económico”, puntualizó.
El Deber