El Gobierno abrió un nuevo frente político y judicial alrededor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Este viernes, el Ministerio de Gobierno denunció públicamente que el expresidente ejecutivo de la estatal petrolera, Yussef Akly Flores, abandonó el territorio nacional incumpliendo la Ley 1352, que obliga a determinadas autoridades del nivel central del Estado a permanecer en Bolivia durante seis meses después de concluir sus funciones.
La denuncia fue oficializada mediante un comunicado difundido desde La Paz, en el que el Ejecutivo sostiene que la salida del exejecutivo vulneró las normas de permanencia obligatoria establecidas para exautoridades nacionales y representantes de entidades territoriales. Según el Gobierno, esa disposición busca garantizar la disponibilidad de exfuncionarios frente a eventuales procesos de auditoría, fiscalización, investigaciones administrativas o requerimientos de rendición de cuentas.
“El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección General de Migración, ha instruido de manera inmediata el inicio de una investigación exhaustiva”, señala el documento oficial. El Ejecutivo también anticipó que buscará establecer posibles responsabilidades entre funcionarios o servidores públicos que hubieran “facilitado, permitido u omitido controles” que derivaron en la salida irregular del exresponsable de YPFB.
El caso emerge en un momento particularmente sensible para el sector energético y para el propio Gobierno, debido a las crecientes presiones sobre la producción de hidrocarburos, la importación de combustibles y el debate político sobre la situación financiera y operativa de YPFB. La estatal petrolera se encuentra bajo permanente escrutinio por el impacto que tiene en la provisión de carburantes y en la estabilidad económica del país.
El comunicado oficial endurece además el tono político del caso. El Gobierno aseguró que aplicará la ley “con el mismo rigor para todos” y advirtió que no tolerará “ningún acto de encubrimiento, protección o utilización de influencias” para evitar responsabilidades de exautoridades estatales. La posición busca enviar una señal de control institucional en medio de un escenario marcado por cuestionamientos sobre transparencia y fiscalización pública.
La normativa citada por el Ejecutivo, la Ley 1352, fue promulgada precisamente para evitar que exautoridades abandonen el país antes de responder por auditorías o investigaciones derivadas de su gestión. En los últimos años, la aplicación de esta disposición ha generado debate jurídico y político, especialmente en casos vinculados a altos cargos del aparato estatal.
Hasta el cierre de esta edición no existía una versión pública de Yussef Akly Flores sobre las acusaciones difundidas por el Ministerio de Gobierno. Tampoco se conocieron detalles sobre el destino al que habría viajado el exejecutivo de YPFB ni sobre eventuales medidas judiciales adicionales que podrían activarse en las próximas horas.
El Deber