“No se abroga”. El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, respondió así a las demandas de sectores productivos que exigen dejar sin efecto el Decreto Supremo 5676, que elevó a Bs 18 el precio del litro del diésel para grandes consumidores. La posición fue fijada ayer en La Paz, mientras en Santa Cruz el Gobierno buscaba acercarse al agro y, desde Yapacaní, surgían voces que planteaban ajustar la norma.
Aramayo reconoció que todavía queda una fase de reglamentación y que existen normas complementarias que pueden ser modificadas. Sin embargo, cerró la puerta a retirar el decreto. “Entonces, ¿qué proponen?, ¿qué salida le damos?, ¿qué preferimos?, ¿que no haya abastecimiento y que las colas estén frente a surtidores que no van a vender el diésel?”, cuestionó.
Ante la pregunta directa de si el Gobierno abrogará la norma, el ministro reiteró: “No se abroga”.
También defendió el precio establecido para el diésel y aclaró que es referencial, por lo que puede variar. Según Aramayo, el valor no fue definido “de forma caprichosa” y responde a fórmulas como el precio de paridad de importación.
Una puerta para los ajustes
Una posición con más margen expresó el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, después de participar durante casi siete horas en una reunión con sectores movilizados en Yapacaní.
“El compromiso es gestionar una, ya sea abrogación, modificación, ajuste, lo que sea”, explicó en declaraciones a Radio Panamericana. Paredes señaló que elevará un informe al gabinete y será esa instancia la que tome una decisión definitiva.
El viceministro defendió los objetivos del decreto: garantizar que el combustible subvencionado llegue a pequeños productores y al transporte público y que los grandes consumidores adquieran su propio diésel sin acudir a los surtidores donde se comercializa el producto subvencionado.
Su observación apunta a la aplicación. “Creo que hay que hacer muchos ajustes”, afirmó. A su juicio, los objetivos son “totalmente correctos”, pero deben corregirse los mecanismos para alcanzarlos.
Paredes añadió otro elemento al debate. Según explicó, Gobierno y productores identificaron cuatro destinos hacia los que se desvía parte del combustible: narcotráfico, minería ilegal, contrabando y especulación.
Diálogo antes de Warnes
Mientras Aramayo fijaba posición en La Paz, el ministro de Desarrollo Rural, Óscar Mario Justiniano, se reunió en Santa Cruz con representantes del sector agropecuario, horas antes del congreso extraordinario convocado para hoy por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).
Justiniano resumió en tres palabras las principales necesidades planteadas por los productores: “diésel, dólares y certidumbre”. También reconoció que el diferencial de precios merece atención para evitar que termine alimentando un mercado ilegal. “Tener el combustible es necesario. No incentivar el mercado negro es un punto a tomar en cuenta”, sostuvo.
Las conversaciones ocurren mientras aumenta la presión para abrogar el DS 5676 y persisten las dificultades de abastecimiento. El Gobierno coincide en defender la norma, pero muestra matices sobre el camino a seguir para frenar las protestas y garantizar la provisión de combustible.
El Deber