El Gobierno dispuso este miércoles la “intervención estatal, extraordinaria y temporal” de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), con el fin de resolver la crisis de desabastecimiento de gasolina y diésel que atraviesa el país. La medida se estableció mediante el Decreto Supremo 5697. El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, explicó que el objetivo final es que la estatal petrolera se retire progresivamente de la comercialización de hidrocarburos para que sean las empresas privadas las que asuman esa tarea y YPFB se concentre únicamente en exploración, explotación y refinación.
“(La política del) Gobierno nacional es que Yacimientos (YPFB) vuelva a su rol natural y no se dedique a comercializar hidrocarburos (…) Cumpliendo la Constitución, vamos a hacer que Yacimientos salga de ese rol y sean los privados los que participen en toda la cadena. Asimismo, (la estatal) va a seguir participando, pero paulatinamente se tendrá que retirar y empezar a dedicarse a las actividades de explotación, exploración y trabajar con la refinería”, explicó Blanco en conferencia de prensa.
La intervención regirá por 180 días calendario y podrá ampliarse por 90 días adicionales si persisten las causas que la motivaron. Una “Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria”, integrada por los ministerios de Economía y Finanzas Públicas, de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, de Hidrocarburos y Energías, de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, y el Viceministerio de Transparencia, evaluará la gestión operativa y administrativa de YPFB. El decreto aclara que la medida no implica la supresión de la empresa ni modifica su estructura institucional, por lo que Sebastián Daroca continúa al frente de la Presidencia Ejecutiva.
La comisión tendrá acceso a contratos, informes y registros de la estatal, y podrá recomendar auditorías técnico-legales, financieras y logísticas. De hallarse irregularidades, los antecedentes podrán remitirse a la Contraloría, el Ministerio Público y la Procuraduría. Según el decreto, la aplicación de la medida no demandará recursos adicionales del Tesoro General de la Nación, en el marco de la política de austeridad del Ejecutivo.
Blanco adelantó además que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el ente regulador del sector, también será intervenida. “La ANH va a ser intervenida también. En su momento le daremos a conocer. Creemos que ha habido varios manejos no adecuados en ambas instituciones (YPFB y ANH) y tenemos que salir de este problema”, afirmó el Ministro, quien atribuyó el desabastecimiento en parte a la burocracia y a “malos manejos” en ambas entidades.
Bolivia importa actualmente el 60% de la gasolina y el 95% del diésel que consume, con un gasto semanal cercano a los 90 millones de dólares. El desabastecimiento se arrastra desde 2024. Pese a que el Gobierno prometió resolver el problema, el problema persiste nueve meses despúes. Por eso mismo, Blanco insistió en que la intervención de YPFB “es para proteger los intereses de la población y a la brevedad posible tratar de que estas colas” que se registran en los surtidores “desaparezcan”.
“Las medidas regulares que habíamos tomado no funcionaron, no se pudo resolver el tema de la provisión de combustibles y es por eso que estamos tomando esta medida extraordinaria”, justificó.
YPFB identifica más de 630 accesos remotos no autorizados
Una investigación preliminar de YPFB identificó más de 630 accesos remotos no autorizados a los sistemas de la estatal petrolera, además de irregularidades en la asignación, comercialización y logística de combustibles, informó este miércoles el presidente de la estatal, Sebastián Daroca.
Los hallazgos corresponden a una primera etapa de investigación que permitió detectar factores de riesgo y deficiencias en distintos procesos de la estatal. Como primera medida, los accesos remotos identificados fueron eliminados y se restringió el ingreso a los sistemas a las áreas que requieren utilizarlos. “Los sistemas estaban absolutamente vulnerables.
Hemos identificado en la auditoría que se hicieron a los sistemas más de 630 accesos remotos que no tenían por qué estar autorizados”, informó Daroca.
También se detectaron irregularidades en las asignaciones de combustible a estaciones de servicio y grandes consumidores. En respuesta, YPFB inició la sistematización y parametrización de criterios, con base en series históricas, para fortalecer los mecanismos de asignación.
La revisión alcanzó además a los procesos logísticos, donde se encontraron deficiencias en los despachos y la recepción de cisternas, así como observaciones relacionadas con procedimientos y personal.
Daroca informó que se inició el ajuste de procedimientos y la automatización de tareas que anteriormente se realizaban de forma manual. Asimismo, algunos funcionarios fueron suspendidos mientras avanzan las investigaciones. “Se han identificado responsables. Tenemos varias personas que han sido ya suspendidas para que se puedan ejecutar estos procesos de investigación”, señaló.
ABI